La Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras, en la que participa la Plataforma “Toledo Aire Limpio”, ha recurrido las asignaciones de derechos de emisión otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente a diversas fábricas de cemento para el periodo 2013-2020.
Si bien estas asignaciones se han revisado a la baja, son gratuitas y siguen estando por encima de las emisiones reales, por lo que suponen una subvención apenas encubierta a determinadas empresas que, en el caso de las cementeras, les proporcionó ganancias de 400 millones de euros entre 2008 y 2012 por la venta de esos derechos de emisión, justo cuando el Estado se vio obligado a comprarlos por 700 millones de euros para cumplir los límites impuesto en el protocolo de Kioto.
Sólo tres meses y medio después de que el Consejo de Ministros asignara derechos gratuitos de emisión para el periodo 2013-2020, y sin que existan datos nuevos, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha ajustado a la baja los derechos de emisión de 163 instalaciones, entre las que se encuentran 7 fábricas de cemento. Esos derechos de emisión gratuitos se han ajustado por la reducción en la actividad productiva de las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, pero en opinión de los grupos de la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la incineración de residuos en cementeras no es suficiente.
En el caso del sector del cemento aún se conceden derechos de emisión a fábricas de cemento que han cesado definitivamente su actividad, como la de Holcim en Yeles (Toledo) o que la han reducido significativamente. El caso más extremo es el de Holcim, cuya factoría fue demolida en octubre de 2013 y sus hornos desmantelados, por lo que ya no puede fabricar clínker (el componente principal del cemento y cuya fabricación produce grandes cantidades de CO2) y solamente se dedica a la molienda del clínker fabricado en otras instalaciones.
El sector del cemento obtuvo de la Administración en noviembre de 2013 una media de 21,9 millones de derechos de emisión gratuitos anuales para el periodo 2013-2020, cuando sus emisiones en 2012, (último año del que se tienen datos) fueron de 11,5 millones de toneladas de CO2. En el periodo 2008-2012 los derechos de emisión superaron a las emisiones en 56 millones de toneladas, lo que supuso unas ganancias para el sector cementero de alrededor de 400 millones de euros por la venta de ese excedente. El sector del cemento introduce desde hace años multitud de residuos como combustible y como materia prima que, en la contabilidad oficial, “reducen” las emisiones de CO2 con lo que los excedentes son aun mayores. Esa incineración de residuos supone la emisión además de otros contaminantes y tóxicos persistentes, que degradan la calidad del aire y ponen en riesgo la salud humana.
La producción de cemento ha disminuido desde el año 2007, máximo en la producción hasta hoy, en un 50% aproximadamente sin que los derechos de emisión se hayan reducido en esa proporción. Ese excedente de derechos es vendido por el sector cementero en el mercado internacional del carbono, obteniendo pingües beneficios. Además la mayoría de cementeras participan en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en terceros países (Protocolo de Kioto), promoviendo la incineración en cementeras de China, por ejemplo, con lo que obtienen derechos adicionales de emisión que pueden comercializar.
Paradójicamente el Estado, que proporciona este negocio, tuvo que dedicar 700 millones de euros en 2008-2012 y 40 millones más en 2013 para comprar derechos de emisión en el mercado y poder cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, debido al exceso de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a lo comprometido por la Unión Europea en ese Protocolo. España fue el país al que más caro le salió cumplir con Kioto.