Tras más de 50 días del estado de alarma y tras analizar conjuntamente la situación actual con el colectivo profesional y con la Consejería de Bienestar Social, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha decidido realizar un llamamiento a las diferentes administraciones públicas ante la situación de “emergencia social” que están detectando desde su acción profesional. “Un amplio sector de la ciudadanía no puede esperar”, advierten.
Argumentan estos trabajadores y trabajadoras que España en general y Castilla-La Mancha en particular tiene un estado del bienestar “débil” en comparación con el entorno europeo y que “las cicatrices de la pasada crisis internacional aún son palpables y la totalidad de los recortes no han sido revertidos”. A a ello se suma que las competencias en Servicios Sociales son autonómicas, “lo que genera a su vez importantes desigualdades entre territorios”.
Recuerdan que el pasado mes de febrero el Colegio emitió un comunicado señalando la situación social de la región en la cual existía más de un 16% de población que se encontraba en situación de exclusión social (según el informe Foessa publicado a finales de 2019). Igualmente, la Asociación de Directoras y Gerentes en su informe sobre Renta Mínimas, situó a Castilla La Mancha en el último lugar de la tasa de cobertura de la población diana susceptible de recibirla, señalando apenas un 2%, de la población la recibía frente al 71,2% del País Vasco.
Una denuncia con antecedentes
Es decir, hace tres meses, el Colegio ya puso el foco en la situación de las prestaciones económicas, en concreto en la 'renta mínima' castellanomanchega -el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS)- y en las Ayudas de Emergencia Social (AES). “La falta de fondos en ambas prestaciones ha provocado que no se haya resuelto ningún IMS nuevo desde septiembre de 2019 (a pesar de que en estos momentos está vigente una nueva convocatoria) y que se haya terminado el presupuesto asignado en la partida de Ayudas de Emergencia Social, quedando muchísimas familias que cumplen requisitos sin poder atender”.
Ahora, la crisis sanitaria que la pandemia de la COVID-19 ha producido “derivará sin duda alguna en una crisis social, que agrava la difícil situación en la que ya se encontraban muchas familias” y genera nuevas situaciones de pobreza extrema. Por todo ello, señala que la población más vulnerable y la nueva ciudadanía afectada necesitan “respuestas urgentes y eficaces”. Mientras las medidas estatales, como el Ingreso Mínimo Vital están por definir, remarca que “un amplio sector de la ciudadanía no puede esperar” y la Administración autonómica, a través de las prestaciones que ya tiene técnicamente articuladas, “debe responder de forma inmediata”.
El Colegio Oficial de Trabajo Social remarca que en estos momentos los Servicios Sociales públicos están siendo el apoyo técnico para la gestión de ayudas muy básicas ofrecidas por entidades del Tercer Sector, pasando estas de ser “un complemento muy necesario de las prestaciones públicas, a lo único que se puede ofrecer”.
Las propuestas
Frente ello, propone al Gobierno regional dos cuestiones fundamentales: una dotación presupuestaria urgente a nivel regional para hacer frente a las necesidades básicas de la población más vulnerable, mediante las prestaciones ya reguladas y vigentes en este momento, y la reducción de los procedimientos burocráticos.
“Ante la falta de presupuesto y por tanto paralización de las resoluciones de concesión, nuestra prescripción técnica queda totalmente devaluada, los proyectos individuales de atención irrealizables, y el acompañamiento profesional seriamente dañado. Ahora más que nunca hay que dotar al sistema público de servicios sociales de todos los recursos necesarios para consolidarlo, por fin, como el cuarto pilar del estado de bienestar social”, argumenta.
Concluye que estas actuaciones “han de realizarse ya”. “Demandamos al gobierno regional que dote económicamente los fondos del IMS y las AES, de forma inmediata y con garantía de continuidad como actuación imprescindible y urgente, sin perjuicio de un análisis posterior de otras actuaciones muy necesarias para la intervención en la crisis, como dotación de personal suficiente y mejora de otras prestaciones básicas como el Servicio de Ayuda a Domicilio”.