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Ciudadanos aboga por un modelo que reduzca la “exclusión social” de los dependientes

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha sigue con su ronda de encuentros con los distintos candidatos a la presidencia de la Junta de Comunidades y, esta vez, lo ha hecho con Ciudadanos. José Luis Gómez-Ocaña ha aprovechado la reunión para volver a denunciar que el problema por el que pasa el colectivo de los dependientes en la región se debe no a cuestiones económicas, sino a cuestiones ideológicas por parte del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal.

En este sentido, ha señalado que los últimos datos del Imserso publicados señalan que existen en la región más de diez mil beneficiarios menos, en lo que va de legislatura, así como casi dos mil personas menos que reciben alguna prestación o servicio. “El PP miente” ha sentenciado el portavoz de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, quien también ha señalado que existen más de seis mil personas que deberían recibir una prestación, según indica la ley, pero que no lo hacen. Por otro lado, sólo durante febrero se han perdido unos 1.200 cuidadores en el entorno familiar. “Siguen los milagros cospedalianos”, ha asegurado Gómez Ocaña.

Ángel Ligero, candidato de Ciudadanos, ha señalado que considera que las reivindicaciones de la Plataforma son “absolutamente legítimas” y que pertenecen al planteamiento del modelo social que pretende construir su formación, para reducir por completo “la exclusión social” de sectores como la dependencia. “Es una prioridad absoluta para nosotros”, ha señalado Ligero, quien ha hecho hincapié en que trabajar para cubrir las demandas del colectivo forma parte de las distintas “transformaciones” que se plantea Ciudadanos desde un nivel municipal hasta uno regional.

En este sentido, Ligero señaló que el impacto económico que tendría que cumplir la Comunidad Autónoma para poder llevar a cabo estas modificaciones llegaría al 1% de los presupuestos, algo que ha calificado como “razonablemente asumible”, eso sí a medio plazo, pero sí con el objetivo de reducir los “parámetros de exclusión social” del colectivo. En relación a demandas específicas de la Plataforma, como la derogación del decreto 26/2013 de reconocimiento de la situación de dependencia o la eliminación de la incompatibilidad de las prestaciones a dependientes, Ligero ha señalado que se estudiará desde el punto de vista legal y “se tomarán medidas”, pero no ha hablado de derogación ni de eliminación.

Ante los datos que ha ofrecido la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, como la baja en el número de grandes dependientes, que supera los seis mil, o la de dependientes severos, que alcanza el millar en la región, Ángel Ligero ha señalado que se trata de una “injusticia moral inentendible” y que la formación trabajará en los próximos años para que “esas cifras no vuelvan”. En este sentido ha señalado, por ejemplo, que la falta de compatibilidad es un resultado de “no escuchar la voz de un dependiente cuando habla de sus necesidades”.