El 73% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas y casi 100.000 solicitudes están pendientes de resolver, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En Castilla-La Mancha, apunta este colectivo, la cobertura del IMV es del 9,27%. Asimismo, la organización sostiene, a tenor de los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que solo el 8% (799.203 personas) de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación, cuya cuantía media es de 172 euros mensuales por persona y 436 por hogar.
Asimismo, la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional. Algunas comunidades tienen una cobertura menor al 6%, como Catalunya (4,9%) Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%). Por contra, Navarra cuenta ya con una cobertura del 22,2 por ciento, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%). La Asociación considera que la complejidad en el procedimiento y los requisitos exigidos explican el escaso alcance de la medida y que un 73% de las solicitudes sean denegadas. Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada cuatro, un 27%.
“Esta cifra no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia”, sostiene la organización, aunque admite que las modificaciones sucesivas introducidas han permitido aumentar el ritmo de las resoluciones.
Así, si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, hasta marzo de 2021 fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%. Hasta el pasado septiembre, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aún sin resolver (97.513).
El 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad
De las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000 denegadas en todo el país. El Ministerio ha reconocido que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio) al tener en cuenta los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia mientras otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confía en que las modificaciones anunciadas en octubre incrementen las resoluciones positivas y que el debate parlamentario que actualmente se está produciendo en el Congreso de los Diputados mejore la Ley del Ingreso Mínimo Vital y “dobleguen al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”.
A tenor de estos datos, el colectivo lamenta que el Gobierno haya cumplido “únicamente con un tercio de los 2,3 millones de beneficiarios” previstos inicialmente y que “malviven en la pobreza extrema”. “Mientras tanto las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital”, añaden. Según la asociación, a pesar de la crisis social, “el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual y en nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos”.