- Las plataformas contra la fractura hidráulica seguirán luchando por impedir esta práctica pese a la suspensión de la ley castellano-manchega
- Temen que el Tribunal Constitucional actúe contra la ley castellano-manchega como con la vasca y anule los artículos que impiden este tipo de sondeos
Todo un revuelo ha generado en Castilla-La Mancha las últimas dos decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional en torno a la normativa contra el ‘fracking’. La ley que las Cortes regionales aprobaron el año pasado para intentar impedir la fractura hidráulica en la región se encuentra suspendida cautelarmente y además el tribunal también ha anulado los artículos de la norma vasca que dificultan este tipo de actividades. Lo más previsible es que también actúe de esta manera contra la normativa castellano-manchega, ya que es muy similar a la aprobada en Euskadi. En ambos casos, el origen está en los recursos interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy para salvaguardar sus competencias. A la espera de lo que pueda pasar, las plataformas antifracking han mostrado a eldiarioclm.es su malestar por estos acontecimientos. Y a las mismas se han unido partidos políticos como Podemos y EQUO.
En Castilla-La Mancha, las zonas afectadas por la fractura hidráulica son las provincias de Albacete y Guadalajara. En el primer caso, la empresa Gas and Oil Capital mantiene un proyecto, el LEO, que comprende territorio entre la Región de Murcia y el sureste albaceteño. En el norte de Guadalajara está paralizado el Proyecto Cronos (autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente). Las plataformas antifracking que surgieron en la región con motivo de estas actividades participaron activamente en la redacción de la ley ahora suspendida.
Desde la Plataforma Antifracking de Guadalajara, su portavoz, Luis Javier López, afirma que de alguna forma esperaban que esto ocurriese “dada la trayectoria del Gobierno central del PP en todas las comunidades autónomas”. Se refiere con ello a las leyes antifracking anuladas en La Rioja y Cantabria. No obstante, manifiesta que el hecho de que los ‘populares’ castellano-manchegos finalmente se abstuvieran en la votación parlamentaria final les había dado una “pequeña esperanza” de que hubiera una excepción en el caso castellano-manchego, ya que en la redacción del proyecto “se evitan aquellos temas susceptibles de ser cuestión de inconstitucionalidad”.
Pero no ha sido así y este colectivo lo considera “especialmente doloroso” por formar parte del Gobierno una expresidenta de Castilla-La Mancha, en referencia a María Dolores de Cospedal. “Que se haya recurrido la ley cuando ella sabe perfectamente la oposición total y absoluta que hay en todos los pueblos de Guadalajara, es muy duro”, afirman. Suman a ello también otras cuestiones en las que “no ha movido ni un dedo” como el trasvase Tajo-Segura o el cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas. “Nos está machacando”.
“Los gobiernos pasan, pero las plataformas seguimos aquí”
Avisa por tanto de que, con este contexto, la Plataforma de Guadalajara no está parada. Están en contacto con los partidos políticos que apoyan la prohibición del fracking, aquellos que durante la campaña electoral de 2015 firmaron un manifiesto contra estas prácticas, y por ello seguirán luchando: “No damos la batalla por perdida”. Al margen de lo que pueda pasar o de cómo actúe el Ejecutivo central, deja claro que “los gobiernos pasan, pero las plataformas seguimos aquí y esto es una batalla de largo recorrido en la que siempre estaremos”.
Uno de los principales argumentos a los que se agarra este colectivo son las dos iniciativas parlamentarias que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, vía EQUO, ha llevado a la Cámara Baja. Su proposición no de ley contra el fracking fue aprobada en comisión mientras que otra propuesta, la que pide la elaboración de una ley estatal que prohíba su ejercicio, está pendiente aún de tramitación. Mientras, desde EQUO, su coportavoz en Guadalajara, Juan Antonio Lázaro, interpreta la suspensión de la ley castellano-manchega como una prueba de que el Constitucional “funciona al dictado del Gobierno”. “Mucho nos tememos que la ley regional va a seguir por el mismo camino y se suspenderán los mismos artículos”, recalca.
Por eso, desde el partido ecologista arremeten contra el Gobierno de Rajoy. “Es el que menos sensibilidad está demostrando en materia de medio ambiente; incluso puede hablarse de sensibilidad negativa. Lo estamos viendo con el fracking, con el cementerio nuclear y con las energías renovables. Es una persecución”. De hecho, afirma que aunque Emiliano García-Page busque la fórmula para que la ley siga vigente, el origen de la situación está en el Gobierno central, que “el PSOE ha apoyado de facto”. “Si queremos proteger el medio ambiente, la única solución es cambiar el Gobierno. Hay que echar a Rajoy y eso está en manos del PSOE”.
En Podemos, el dardo de las críticas se dirige también hacia el presidente. “Es lamentable que el PP de Rajoy y Cospedal, que ya ha perdido la batalla del cementerio nuclear, se empeñe también en recurrir una ley que aprobamos por mayoría absoluta, cuando saben además que, aunque logren paralizarla momentáneamente, su demanda será finalmente desestimada con toda probabilidad”, declara el diputado David Llorente.
Recuerda a este respecto que el fracking es una actividad “tremendamente tóxica y peligrosa” que “revienta la tierra y envenena las aguas”, lo que supone una “grave amenaza para la agricultura, la salud y el medio ambiente”. Por eso afirma que desde Podemos seguirán promoviendo y apoyando todas las medidas para impedir y erradicar esta práctica. Y seguidamente coincide en lamentar que el PSOE, pese a las “promesas de Pedro Sánchez”, no esté dispuesto a apoyar una moción de censura “contra un gobierno tan nocivo para los intereses de Castilla-La Mancha”, además de “por pura higiene democrática”, cuando ·los números lo permiten perfectamente“.
Otro frente del problema se encuentra en la provincia de Albacete. Allí la empresa Gas and Oil Capital mantiene un proyecto, el LEO, que comprende territorio entre la Región de Murcia y el sureste albaceteño. De hecho, en Hellín, municipio afectado por el proyecto, el alcalde, Ramón García, se muestra preocupado por la decisión del Tribunal Constitucional aunque no cree que esta iniciativa avance, debido a la judicialización del tema. Pero lo cierto es que el proyecto LEO está vigente y la empresa ha solicitado permiso para los trabajos de prospección sísmica 2D, que suponen una evaluación del terreno con los que determinar cuál es el lugar adecuado para hacer los sondeos. Hace unos meses, la Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking presentó alegaciones para impedir estos trabajos “pero a día de hoy no hemos tenido respuesta”, explica uno de sus miembros, José Antonio Herrera.
El temor es que haya empresas que, al amparo de esta decisión del Constitucional, decidan solicitar nuevos permisos en la zona. “Si el Gobierno ha intentado que esto no vaya para delante es porque hay proyectos”, asegura el alcalde hellinero, quien insiste en que el fracking es especialmente peligroso en la zona que tiene “una elevada actividad sísmica”.
Finalmente, en la Plataforma contra la Fractura Hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha también esperaban su suspensión cautelar. Antonio Sánchez, miembro de este colectivo no se ha sorprendido por lo acontecido y como sus compañeros de Guadalajara espera que, finalmente, pueda seguir vigente ya que no interfiere con las competencias estatales en materia de energía.