El proyecto de Ley del Tercer Sector es uno de los grandes objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha en el próximo periodo de sesiones. Se trata de una normativa elaborada para garantizar la seguridad jurídica de las entidades sociales sin ánimo de lucro que mantienen acuerdos con la Administración pública. Con motivo de su tramitación en las Cortes regionales ya ha recibido varias enmiendas de PP y Ciudadanos, los grupos parlamentarios de la oposición. Algunas de ellas están relacionadas con la necesidad de que, junto con la futura ley, se desarrolle por decreto el nuevo concierto social con las entidades sociales.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular, en una de sus enmiendas propone que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el Consejo de Gobierno apruebe el desarrollo por decreto de ese nuevo concierto social con las entidades del tercer sector reconocidas mediante esta ley y su futuro reglamento. Según establecen los ‘populares’, el contenido, características y dotación económica de ese concierto se abordaría en el marco de la futura Comisión del Diálogo Civil y conforme a la Ley regional de Servicios Sociales.
El PP quiere asimismo que en ese mismo plazo, la Junta de Castilla-La Mancha adecue los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas. También en el plazo de doce meses, proponen que se impulse la utilización de instrumentos normativos y medidas fiscales para promover la inclusión social de personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad (con especial atención a la infancia y a las personas mayores), personas o grupos en riesgo o en situación de exclusión social y de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Otra de las enmiendas está encaminada a velar por las condiciones, seguridad jurídica y promoción del voluntariado del tercer sector social, es decir, todas aquellas personas que desempeñan su labor ley de manera altruista y sin retribución, “para el efectivo cumplimiento de sus derechos de ciudadanía”.
Ciudadanos pide incorporar gasto público
Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado diez enmiendas al texto, entre las que figura una que solicita la supresión de la disposición adicional quinta, que explicita que la regulación incluida en la ley “no podrá suponer incremento del gasto público, ni incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”, al considerar que sí debe haber gasto.
A su juicio, el establecimiento de medidas de fomento del tercer sector social requiere de medidas que comporten ese gasto “para tener alguna efectividad”, al considerar que, si no hay incremento del gasto, “el Proyecto de Ley tiene una repercusión prácticamente nula y su necesidad queda en entredicho”.
En relación a este asunto, la formación naranja ha incluido otras enmiendas que piden establecer una financiación plurianual en los programas de ayudas y subvenciones que tengan como destinatarias a las entidades del tercer sector, con el objetivo de que estas puedan planificarse, mientras que en el artículo que habla de estrategias de promoción del tercer sector vuelve a solicitar financiación, con un escenario plurianual a cuatro años.
Soledad no deseada y personas LGTBI
Igualmente, Ciudadanos solicita con sus enmiendas que se cite en el texto de forma expresa a aquellas entidades que trabajan en el ámbito del fenómeno conocido como “soledad no deseada” y de atención y apoyo a personas del colectivo LGTBI; y que se garantice la participación del tercer sector en actividades relativas al fomento del empleo femenino.
En una entrevista reciente con eldiarioclm.es, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, explicó que el decreto el nuevo concierto social se aprobará previsiblemente durante el presente año como complemento a la futura Ley regional del Tercer Sector.
“Ese decreto será más especializado y ahí trataremos de que las entidades no tengan que estar anualmente concurriendo a convocatorias que no saben si van tener o no continuidad. Habrá un concierto social plurianual que dé tranquilidad, certidumbre y estabilidad a las entidades, a los profesionales y por tanto también a los beneficiarios de las políticas sociales, que es nuestro objetivo fundamental”, detalló.