La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha acordado dejar sin efecto todas las medidas habilitadas contra la la COVID-19 en las sedes judiciales de Castilla-La Mancha. Así consta en el documento firmado por el secretario de la citada sala Francisco Antonio Bellón al que ha tenido acceso elDiarioclm.es que está fechado el 14 de diciembre.
Se procederá ahora a retirar las limitaciones y todo tipo de barreras fijadas u obstáculos que impiden o dificultan el libre acceso a las instalaciones y oficinas judiciales por parte de público y de los profesionales, así como a las salas de vistas de los juicios.
También se restablecen “de inmediato” las medidas de atención al público y profesionales en todas las sedes judiciales que eran ordinarias antes de la crisis sanitaria. Ya no será necesaria la cita previa ni ninguna otra condición o requisito, “sin perjuicio de seguir atendiendo por dicha vía a quien lo solicite o interese”, aclara el Alto Tribunal castellanomanchego.
Por otro lado se hace consta que “como regla general” los actos procesales “deben tender” a realizarse en la forma “ordinaria y presencial” aunque se puedan seguir usando los medios telemáticos. Dejarán de aplicarse limitaciones de aforo y acceso del público a las salas de vistas y actos procesales con audiencia pública.
Otro de los aspectos es que las condiciones de las exploraciones medico forenses y equipos psicosociales deben realizarse en la forma ordinaria y el uso de toga en los actos procesales se considera preceptiva en las audiencias públicas, vistas y juicios.
En el documento también se explica la intención de solicitar de la Gerencia Territorial que se den las indicaciones para retirar los carteles informativos y señalización de dichas limitaciones y restricciones de tipo sanitario en todas las sedes judiciales y se traslade este acuerdo a los servicios de vigilancia y seguridad para su conocimiento y efectos.
El Alto Tribunal regional no obstante deja a juicio de los decanos o presidentes de cada lugar “la conveniencia de continuar utilizando de manera prudente todas aquellas medidas de distanciamiento social e higiene recomendables o de control para evitar aglomeraciones en los edificios judiciales” y “por supuesto dejando a salvo las facultades de policía de estrados que con arreglo a Derecho corresponden a cada juez”.
La decisión se ha tomado tras un escrito presentado por el decano del Colegio de Procuradores de Guadalajara, con informe posterior del secretario de Gobierno y el acuerdo del magistrado juez decano sobre la cuestión. Además, el TSJ recuerda que en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, procesales y organizativas para hacer frente al COVID19 en el ámbito de la Administración de Justicia la medidas tenían todas una vigencia limitada al 20 de julio de 2021, en atención a la evolución de la situación sanitaria, y no se estimaba necesaria “una hipotética declaración de fin de la pandemia para tomar algunas disposiciones que reflejen esa situación,”, de forma que la Sala de Gobierno ha acordado poner fin a las limitaciones aplicando este principio.