El pasado 18 de marzo se concentraron ante las puertas del Ministerio de Industria centenares de ganaderos de porcino para exigir una moratoria en la prevista revisión de la forma de remuneración a las plantas de cogeneración eléctrica que gestionan purines de granjas porcinas. Los ganaderos estuvieron acompañados de los propios trabajadores de las 29 plantas cuyos propietarios han decidido cerrar ante la inminente aprobación de un recorte, retroactivo, en las primas que venían recibiendo al ser consideradas productores de electricidad del “régimen especial” junto a las energías renovables.
Según la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), organización que agrupa a estas empresas, ello supone una pérdida de hasta el 40 % sobre lo que percibían y lo consideran injusto porque se equiparan las plantas de tratamiento de purines con la cogeneración convencional, “sin tener en cuenta los costes de inversión y operación para el desimpacto ambiental que realizan” y advierten de que su desaparición dejaría sin tratar entre 2 y 2,5 millones de Tm anuales de excedentes de purines. De hecho recuerdan que estas instalaciones, que aprovechan el residuo sólido como fertilizante y generan biogás y electricidad, realizan una labor medioambiental al evitar el vertido inadecuado y la contaminación de suelos y acuíferos. Por ello reclaman que en la revisión de la retribución como productores energéticos se tenga en consideración ese otro papel de gestores de residuos.
En estas plantas se venían gestionando los excedentes de residuos de unas 2000 explotaciones ganaderas que no disponen de tierra suficiente donde depositarlos y su cierre está provocando ya que los balsas de almacenamiento temporal rebosen y se viertan al terreno cantidades de residuos por encima de lo autorizado, con el consiguiente riesgo de contaminación de los aguas subterráneas por la elevada concentración de nitratos de los purines, relacionada con el tipo de alimentación de los animales en cría intensiva.
Las consecuencias son ya evidentes. En Polán y Consuegra (Toledo) ya se están realizando expedientes de infracción por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, según han advertido los propios ganaderos, tras el cierre de las plantas que gestionaban sus residuos a comienzos de febrero, de las que dependen granjas de una veintena de municipios de la provincia.
Del mismo modo en Lérida, donde se concentran muchas explotaciones dependientes de media docena de plantas cerradas, se están registrando vertidos que saturan las tierras y reaparecen los riesgos de contaminación por nitratos de los acuíferos.
En la zona de Turégano (Segovia) dos asociaciones de empresarios de turismo rural, ATURACSE y ATURTIPISE, se han dirigido al Ministerio de Industria, que lo es también de Turismo, denunciando que el problema está derivando en contaminación y en olores que desbaratan la labor de promoción que se ha venido realizando en parte con fondos públicos.
El consejero de Agricultura de Cataluña, Josep María Pelegrí, que alberga las zonas más afectadas por el problema ha anunciado, tras mantener conversaciones el Ministerio de Agricultura, que ambas administraciones sopesan intervenir apoyando a los ganaderos, aunque no se ha concretado el alcance de la ayuda. Pelegrí apunta otras posibles soluciones, que en todo caso pasarían porque Industria aceptase una moratoria que dé tiempo a adoptarlas, como son la introducción de cambios en la alimentación de la cabaña porcina en intensivo, de forma que la composición de los piensos permita que la excreciones tengan un menor porcentaje del peligrosos nitrato, o adoptar tecnologías para la separación de la parte líquida y sólida de los purines, pudiendo trasladar esta última, más rica en nitratos, a otras zonas donde pueda utilizarse en la fertilización de tierras agrícolas. En todo caso ello supondrá para los ganaderos mayores costes en la gestión del residuo o bien menor rentabilidad ya que los nuevos piensos podrían ralentizar el crecimiento de los animales.
El gobierno del Aragón por su parte ha anunciado que a principios del año próximo esa comunidad dispondrá de plantas públicas para la gestión de los residuos, lo cual requiere también de un periodo transitorio.
Con una perspectiva bien distinta el Grupo de Defensa del Ter, que ha sido muy activo frente a los problemas de contaminación de los acuíferos por nitratos en Cataluña, ha indica en un comunicado que esta crisis desvela que ha fracasado este sistema de gestionar los excedentes de purines, que ha generado beneficios a los propietarios de las plantas y ha permitido aumentar desmesuradamente la cabaña ganadera, pero no abordar con seriedad el problema de la contaminación que sigue existiendo. Para este grupo conservacionista estamos ante “una oportunidad para reducir la cabaña porcina y encontrar el equilibrio con el territorio”, así como “para implantar soluciones sostenibles de gestión de los purines, como por ejemplo el biogás”. Y abogan por “un nuevo modelo ganadero que se base en la calidad y la alianza entre productores y consumidores, no este modelo que importa pienso de Sudamérica y exporta carne a Rusia”. Recuperar, en definitiva, “un mundo rural que vele por la tierra y su salud”.