CSIF denuncia la “precariedad laboral” de Auxiliares Educativos y Técnicos Especialistas en Lengua de Signos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la “discriminación y maltrato que padece” la plantilla de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y Técnicos Especialistas en Lengua de Signos (TEILSE) de Castilla-La Mancha, unos colectivos que tienen una relación contractual “precaria” de fijo-discontinuos con la Administración, lo que se traduce en su despido durante los meses de julio y agosto para volver a ser contratados en septiembre.

A esta discriminación frente a otros profesionales de ámbito educativo, añade el sindicato, se suma una jornada laboral reducida para más de 500 profesionales. Además, subraya que el 90% de estos contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, lo que constituye una “discriminación indirecta”, una “diferencia de trato en perjuicio del género femenino al suponer un detrimento de las retribuciones y de las cotizaciones a la jubilación con respecto al resto del personal laboral de la Junta, con contrato a tiempo completo”.

“No sólo no cobran los meses de verano sino que cuentan con jornadas reducidas”, señala el presidente autonómico del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma, Joaquín Sánchez.

“Su trabajo es fundamental”

CSIF recuerda que tanto los ATE como los TEILSE son profesionales especializados en la atención a niños con necesidades especiales en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de que “su trabajo es fundamental”, el Gobierno regional “prima más el ahorro que el servicio que prestan. CSIF exige que ”con la educación, y más con los alumnos con necesidades de apoyo, no se puede ahorrar“.

Sánchez añade que “atrás queda todo el esfuerzo realizado dentro de la pandemia, donde han dejado más que patente su profesionalidad con los evidentes riesgos que entrañaban para su salud”. “Es obligatorio mejorar las condiciones de estos profesionales, puesto que son un recurso personal imprescindible para conseguir la máxima autonomía del alumnado con discapacidad en los centros educativos públicos de nuestra comunidad autónoma”, concluye.