La Fiscalía admite a trámite la denuncia del PP contra la Diputación de Cuenca por un presunto delito de prevaricación

La Fiscalía Provincial de Cuenca ha admitido a trámite la denuncia que el Grupo Popular en la Diputación de Cuenca interpuso ante el Ministerio Fiscal el pasado 22 de noviembre por la compra de un local en la calle Diego Jiménez de la capital y ha incoado diligencias de investigación “a fin de investigar el posible delito de prevaricación”.

Así consta en la notificación de diligencias de investigación que emitió la Fiscalía el pasado 28 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se comunica al Grupo Popular la incoación de las diligencias de investigación considerando “un posible delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal”.

Todo ello tras la denuncia y documentación presentada por el presidente del grupo, Cayetano Solana, el pasado 22 de noviembre ante el Ministerio Fiscal, en la que no especificaban los presuntos delitos que se habrían podido cometer y donde sólo se denunciaban “presuntas irregularidades en la compra”.

Momentos previos a su presentación, en una rueda de prensa, el dirigente 'popular' creía que esa compra “se podría ajustar a los delitos de prevaricación y malversación”.

“Prevaricación” porque “la Diputación había planificado la reforma de este local con anterioridad a la publicación del pliego de condiciones para la adquisición del mismo”. “Hay documentos que muestran que ya se había planificado la reforma un mes antes a que se licitara la adquisición”, sostenía el PP.

También aludía entonces a una presunta “malversación, que viene por el coste económico del local y el perjuicio, así como por haber utilizado medios propios de la Diputación que no es específico de ella hasta el momento que se adquiere”.

El pasado 29 de noviembre, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, se mostraba “muy tranquilo” ante esta denuncia. “Son varios expedientes que se iniciaron por parte de los técnicos, que han sido guiados, tutelados, informados por parte de los técnicos, y que la única decisión política que se tomó fue ser más garantistas y hacerlo por concurso público”, subrayaba el presidente.

Aunque desconocía saber qué había presentado el PP en la Fiscalía, Martínez Chana se ponía a disposición del Ministerio Fiscal para remitirle toda la información que necesitara al respecto.

Tras analizar la denuncia, la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación “a fin de investigar el posible delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal e infracciones conexas”.