Hacia la compra pública verde obligatoria como “herramienta de mercado” contra el cambio climático

“Ambientalizar los procesos de compra”. Es la síntesis con la que puede resumirse en qué consiste la denominada Compra Pública Verde, que ya se encuentra en la hoja de ruta no solo de las administraciones, sino de todo el sector público, sus organismos y entidades. Se trata de la utilización de criterios ambientales a la hora de licitar estos procesos, de utilizar esta herramienta no solo para dar ejemplo, sino también para influir en el mercado. Por ejemplo, un ayuntamiento que compra coches eléctricos o una comunidad autónoma que elige madera con certificación forestal para el mobiliario de los colegios públicos. No obstante, todavía queda camino por recorrer, y para impulsar y promocionar esta herramienta la Universidad de Alcalá acoge el 28 y 29 de octubre el I Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático.

El objetivo de este evento es analizar con una mirada interdisciplinar los avances de la compra pública ecológica a la luz del Pacto Verde Europeo y de la reciente legislación sobre cambio climático y transición energética. Presta singular atención a los sectores de la alimentación y edificación ya que ambos tienen una “enorme incidencia en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Así lo explica la directora del congreso, Ximena Lazo Vitoria, profesora titular de Derecho Administrativo y coordinadora del Grupo de Investigación Compra Pública Verde. Detalla que la importancia de esta herramienta radica en que “tenemos que aprender a comprar con criterios ambientales y no lo estamos haciendo de forma generalizada”, y aquí administraciones y organismos públicos son fundamentales debido al “inmenso poder de mercado” que tienen para cambiar el comportamiento de las empresas que licitan con el sector.

Ximena Lazo recuerda que, hasta este momento, la compra pública verde era voluntaria y así se ha venido incorporando mediante cláusulas ambientales en los contratos de licitación o compra. Pero es una realidad que cambió con el Pacto Verde europeo del que se cumplirán dos años en diciembre, y también a raíz de las consecuencias ya incuestionables del cambio climático. Recuerda que las propias administraciones han venido aprobando en los últimos años declaraciones de emergencia climática y “no puede haber una incoherencia en todo eso, no se puede comprar sin tener en cuenta estos criterios ambientales”.

“Es un momento importante de transición”

“Es un momento importante de transición”, añade la profesora de Derecho Administrativo, quien está convencida de que el sector público camina “hacia una compra pública verde obligatoria” debido fundamentalmente a la legislación europea, que tiene su reflejo en las normas internas tanto estatales como autonómicas.

Pero dentro de este contexto general, el congreso de la Universidad de Alcalá ha decidido centrarse en dos sectores estratégicos donde esta herramienta puede tener un impacto a gran escala: la eficiencia en edificios y la alimentación.

Precisamente se han elegido estas dos áreas por su “enorme incidencia” en los gases de efecto invernadero y, por ende, en el cambio climático. En el caso de los edificios, por la “ineficiencia” energética en sus aislamientos térmicos, que ha provocado que su impacto sea de un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ximena Lazo precisa que en edificación, por un lado, el sector público debe transformar su parque de edificios (de administraciones, centros escolares, hospitales, bibliotecas, museos, etc.) hacia un sistema de eficiencia energética. “Hay que repensarlo todo, porque no podemos seguir calentando la casa si tenemos las ventanas abiertas”.

Y por otro lado, considera que esta transformación tiene una “proyección hacia al ámbito privado”: la Administración no solo debe dar ejemplo sino que esos estándares de eficiencia y compra pública verde “tienen que ser para todos”. “Hay un rol regulador de la edificación privada y particular. No tendría sentido que el parque público fuera eficiente y el resto no.

En el caso de la alimentación, el congreso se centrará en el ámbito de la contratación de los servicios de comedores escolares a nivel autonómico, mediante una muestra de resultados en regiones como Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid. Se trata de “un estudio cuantitativo muy detallado” sobre aspectos ambientales se han utilizado para hacer esas compras, atendiendo a la calidad y a los precios. Afirma la directora del congreso que la conclusión extraída de este estudio es que “tenemos mucho margen de mejora”. 

Este congreso es una iniciativa del Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá, en alianza con otros investigadores y expertos en contratación pública y medio ambiente. El grupo lleva desarrollando este proyecto los últimos dos años, siendo el segundo proyecto consecutivo sobre esta herramienta. Este grupo de expertos tiene previsto publicar un documento de buenas prácticas y otro de errores frecuentes, con diversos ejemplos, para facilitar el trabajo de quien toma las decisiones. Aparte de eso, y con el objetivo de que el congreso sea una instancia de “apertura y transferencia”, en la propia página web del evento se ha publicado también una guía de Compra Pública Verde en el sector de alimentación, como documento “abierto y vivo”.

Este trabajo se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente en el número 12, centrado en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Para ello, el Grupo de Investigación también apunta al componente tan focalizado hacia ambos sectores que tienen los fondos europeos ‘NextGeneration’.

Programación del congreso

La inauguración del congreso correrá a cargo del rector de la UAH, José Vicente Saz Pérez, y la propia Ximena Lazo Vitoria, que darán paso a la conferencia inaugural que impartirá Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del MITECO. La mañana de este jueves 28 estará dedicada al estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los fondos ‘NextGeneration’, o la aplicación de la economía circular a la contratación pública. En este bloque intervendrán destacados expertos en contratación como Javier Serrano Chamizo (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, País Vasco) y Gorana Ibarra, jefa de Proyectos en Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. También ponentes de la talla de los profesores Juan Mestre Delgado (catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia), José María Gimeno Feliú (catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza, y director del Observatorio de Contratación Pública) y José Pernas García, profesor de Derecho Administrativo, Universidad de A Coruña.

 Ya por la tarde, la sesión prestará especial atención a los comedores escolares. Se presentarán los resultados de un estudio cuantitativo realizado por el Grupo de Investigación CPV y habrá una mesa dedica a debatir sobre las certificaciones sostenibles en comedores escolares. Además, se darán a conocer experiencias de compra pública sostenible en Hispanoamérica, contando con reconocidos expertos de Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana.

 Por último, el viernes 29, se analizará el sector de la eficiencia energética de los edificios, la relevancia que el sector de la edificación supone en la estrategia española y europea sobre cambio climático y cuáles pueden ser sus implicaciones en la contratación pública.

 La Comisión Europea considera la compra verde como un instrumento estratégico para el logro de sus objetivos ambientales, ya que la integración de criterios de compra y contratación verde e innovadora por parte de todas las administraciones públicas de Europa contribuirá “a la consolidación de una economía más competitiva y ambientalmente responsable”.

“Ambientalizar los procesos de compra”. Es la síntesis con la que puede resumirse en qué consiste la denominada Compra Pública Verde, que ya se encuentra en la hoja de ruta no solo de las administraciones, sino de todo el sector público, sus organismos y entidades. Se trata de la utilización de criterios ambientales a la hora de licitar estos procesos, de utilizar esta herramienta no solo para dar ejemplo, sino también para influir en el mercado. Por ejemplo, un ayuntamiento que compra coches eléctricos o una comunidad autónoma que elige madera con certificación forestal para el mobiliario de los colegios públicos. No obstante, todavía queda camino por recorrer, y para impulsar y promocionar esta herramienta la Universidad de Alcalá acoge el 28 y 29 de octubre el I Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático.

El objetivo de este evento es analizar con una mirada interdisciplinar los avances de la compra pública ecológica a la luz del Pacto Verde Europeo y de la reciente legislación sobre cambio climático y transición energética. Presta singular atención a los sectores de la alimentación y edificación ya que ambos tienen una “enorme incidencia en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero”.