“Para nosotros es muy importante que por primera vez en la historia se sienten personas en el banquillo por discriminar”. Son las palabras de la coordinadora territorial de la Federación de Secretariado Gitano en Ciudad Real, María Santiago, tras la celebración en los Juzgados de Ciudad Real de un juicio oral “por discriminación de personas de etnia gitana”.
Los hechos, según explica, se remontan a septiembre de 2016 cuando a tres jóvenes de etnia gitana se les deniega el acceso a una discoteca. “No podéis pasar porque mi jefe nos echa la bronca al dejar pasar a gitanos”. Más tarde, los jóvenes lograron entrar con unas amigas, y de nuevo, uno de los porteros, “les echó a la fuerza, delante de toda la clientela”. Los jóvenes solicitaron una hoja de reclamaciones, según Santiago, y los porteros, explica, les dijeron: “No os la damos por ser gitanos. Si llamas a la policía vais a tener lío”.
El colectivo gitano considera que está “haciendo historia” al conseguir sentar en el banquillo “por primera vez” a dos porteros y el encargado y copropietario de una discoteca de Puertollano que, según denuncia, no dejaron pasar a estos jóvenes. Tres acusados para los que los denunciantes piden la inhabilitación por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
La celebración de este juicio oral ha sido la culminación de un proceso que se inició el 26 de septiembre de 2016. “Los jóvenes se trasladaron a la Fundación Secretariado Gitano en Puertollano y nos aseguraron que no era la primera vez que les pasaba, que tenían constancia de que en esa discoteca no dejaban pasar a personas gitanas y depositaron la confianza en nosotros. Les hemos proporcionado asesoramiento legal y acompañamiento en todo el proceso”, explica Santiago.
Según detalla, esa misma noche el portero negó la entrada al local a otras personas de etnia gitana. Estos jóvenes también trasladaron a la Fundación lo sucedido y han participado como testigos del juicio. Ante esto, la Fundación presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio y Discriminación de Ciudad Real, que realizó una investigación y lo trasladó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción correspondiente. El Juzgado tomó declaración a las víctimas y a los investigados y remitió el procedimiento al Juzgado de lo Penal de Ciudad Real para que lo juzgara.
“Lo que reivindicamos es que la denegación del acceso a bienes y servicios en el ámbito privado es un delito que se recoge en el artículo 512 del Código Penal”, subraya Santiago quien además ha apuntado que la entidad que representa puede recoger al año unos 40 casos similares que tiene que ver con el acceso a locales de ocio privado y que actualmente mantiene abiertos catorce litigios por este motivo.
“Esto lo hacemos no solo por nosotros, sino por todas aquellas personas que sufren antigitanismo en distinto ámbitos y no denuncian. Ya hemos ganado, independientemente de lo que diga la condena; el hecho de haber llegado hasta aquí ya es triunfo. A partir de ahora seguiremos trabajando para conseguir una igualdad más real, efectiva y accesible para las personas gitanas. Para ello necesitamos la implicación de esa parte de la sociedad mayoritaria que, al igual que nosotros, cree en la construcción de una sociedad mejor y más justa para todos”, han manifestado los jóvenes, conscientes de la relevancia de este procedimiento judicial.
“Es muy importante que cada vez sean más jóvenes gitanos los que se atrevan a llegar a la denuncia y se atrevan a no normalizar la discriminación que lleva sufriendo la comunidad gitana durante siglos. Lo importante es la humillación y el prejuicio moral que sufren estos jóvenes que quieren hacer su vida como cualquier adolescente pero por sus razón étnica no pueden”, explica
“Con este caso no solo se pretende que se otorgue justicia a los jóvenes que fueron discriminados, sino que toda la ciudadanía tome consciencia del impacto que tienen estos hechos en las víctimas y que los responsables de locales de restauración y de ocio sean conscientes de que esta clase de conductas son ilegales y discriminativas”, concluye Santiago.
Los acusados, según recoge Europa Press, han negado la versión de los denunciantes, alegando que nunca había recibido u ordenado la directriz esgrimida para acusarles.