La situación de las 68 familias que desde hace años viven en un edificio desocupado de Alovera (Guadalajara) y a las que el pasado mes de agosto cortaron el suministro eléctrico, ha llegado hoy a la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha después de que diputado de Podemos, José García Molina, haya preguntado al director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, por esta cuestión. El representante del Gobierno regional ha precisado que las obras para que estas viviendas vuelvan a tener luz comenzarán esta semana, tras el acuerdo que alcanzaron hace ya dos meses Iberdrola y el Banco Sabadell y donde intervino la Junta como administración mediadora.
García Molina ha preguntado por este tema después de que hayan pasado semanas tras el acuerdo alcanzado entre las dos entidades, que aunque teóricamente solucionó los problemas derivados de la adquisición del inmueble, todavía no se ha materializado en la reparación del suministro eléctrico.
“No es que sigan sin luz, sino que siguen sin acometerse las obras”, ha denunciado Molina, que ha señalado que la situación es “digna de la España de Berlanga o el camarote de los hermanos Marx” en el contexto de una acometida que “se ha complicado” porque Iberdrola tiene que facilitar la devolución del suministro eléctrico para que el Foro Social de Viviendas del Banco Sabadell (Sogeviso) pueda realizar las obras de adecuación.
En este sentido, el director general de Vivienda ha resaltado que la actuación no se ha llevado a cabo todavía por “la compleja situación física de los inmuebles”, una afirmación a la que el diputado de Podemos ha respondido que esta reparación “no es tan complicada”, por lo que ha instado a la Junta a “poner orden” y que las familias puedan vivir con normalidad. “Las empresas están para hacer negocio, pero el Gobierno debe velar por la protección de los ciudadanos”, ha concluido.
Estas familias viven en el inmueble de la localidad alcarreña desde hace años y muchas de ellas ya están empadronadas en la localidad y con hijos escolarizados. La mayoría ‘ocuparon’ el inmueble después de haber sido desahuciadas y ante la imposibilidad de poder pagar alquileres sociales.
El edificio cerró en 2008 debido a un conflicto entre el constructor y la entidad financiera. Tras ello, entre 2010 y 2011, varias familias procedieron a ocupar las viviendas. Fue una “obra social” de realojo ante la carencia de viviendas para ellos. Todas sin quedaron sin luz después de que el Banco Sabadell adquiriera el edificio en agosto, un problema que esta entidad solucionó con Iberdrola hace dos meses pero que todavía no se ha materializado.