Castilla-La Mancha prepara un decreto para regular la soberanía alimentaria en el ámbito del consumo responsable

El derecho a una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada, accesible y producida de forma sostenible y ecológica es lo que se conoce como soberanía alimentaria. Castilla-La Mancha, en el desarrollo de su nueva Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, quiere ahora regular y fomentar este concepto de manera que todos y todas podamos decidir libremente un sistema alimentario y productivo propio. Para ello, está elaborando un decreto que actualmente se encuentra en consulta pública previa.

El Gobierno regional recuerda que en la normativa de personas consumidoras también se establece el consumo responsable y sostenible como aquel que se realiza de forma moderada y reflexiva, basado en decisiones libres, y con arreglo a criterios sociales, laborales y ambientales.

Con estos elementos, la Consejería de Desarrollo Sostenible quiere propiciar políticas informativas, formativas y educativas que fomenten el consumo responsable, así como en el marco del cooperativismo de consumo, la economía social y solidaria, los circuitos cortos de comercialización y el consumo de alimentos locales producidos de forma ecológica y estacional. Todo ello, “siempre que no suponga discriminación que pueda generar comportamientos anticompetitivos”.

Así, mediante el nuevo decreto, busca asimismo el ordenamiento de las distintas iniciativas de soberanía y sostenibilidad alimentarias que se lleven a cabo en la región, las garantías de calidad y seguridad que deben exigirse en la comercialización de los productos, así como los criterios para su acreditación y registro, de forma que puedan sus actividades puedan ser reconocidas y amparadas mediante los procedimientos que se consideren oportunos.

Por otra parte, se pretende con el fomento de estas iniciativas asegurar una oferta suficiente y adecuada a las expectativas e inquietudes de la demanda de las personas consumidoras de la región, creando conexiones y redes que faciliten el acceso a los alimentos y la participación en procesos de sostenibilidad, a través de una relación directa, colaborativa y comprometida entre productores locales y personas consumidoras.

Ordenamiento y registro de iniciativas

El Ejecutivo castellanomanchego explica que dado que la actualidad existen ya iniciativas de soberanía y sostenibilidad alimentarias de ámbito local, es preciso no sólo su ordenamiento sino también su fomento, “de forma que puedan extenderse y también ampliar su ámbito de actuación mediante la configuración de nuevas redes distribuidas por todo el territorio regional”. Por otra parte, argumenta que su aprobación se considera oportuna en la medida que coadyuva y contribuye, de manera contingente, en la consecución de los objetivos de otras políticas públicas concurrentes de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, en los ámbitos económico, ambiental y social. 

Otros objetivos de la norma son también organizar un registro de iniciativas, redes y entidades que operen en el ámbito de la soberanía y la sostenibilidad alimentarias; regular los derechos y obligaciones de las iniciativas reconocidas; prever mecanismos de control y supervisión de las iniciativas acreditadas y la aplicación de medidas que procedan en su caso; y contribuir al reto demográfico creando redes que favorecen la fijación de población en el medio rural.

El derecho a una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada, accesible y producida de forma sostenible y ecológica es lo que se conoce como soberanía alimentaria. Castilla-La Mancha, en el desarrollo de su nueva Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, quiere ahora regular y fomentar este concepto de manera que todos y todas podamos decidir libremente un sistema alimentario y productivo propio. Para ello, está elaborando un decreto que actualmente se encuentra en consulta pública previa.

El Gobierno regional recuerda que en la normativa de personas consumidoras también se establece el consumo responsable y sostenible como aquel que se realiza de forma moderada y reflexiva, basado en decisiones libres, y con arreglo a criterios sociales, laborales y ambientales.