Más de 240 millones de euros suman las cuatro licitaciones pendientes de concurso a las que ha renunciado la Empresa Pública de Gestión de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de las obras del cementerio nuclear, cuya ubicación recayó hace nueve años en la localidad conquense de Villar de Cañas. Esta decisión, adoptada por el Consejo de Administración de la empresa pública, ha llevado al Gobierno castellanomanchego del PSOE a dar por “finiquitado” un proyecto al que se ha opuesto desde sus inicios. Pero ahora queda en manos del Ministerio para la Transición Ecológica dar el 'carpetazo' definitivo a esta ubicación y aclarar cuál será el destino o destinos de los residuos nucleares que España debe almacenar.
La cuestión es que la titular de este departamento, Teresa Ribera, no ha cerrado la puerta a que haya varios “emplazamientos” en el país, depósitos a menor escala, para dejar de pagar a Francia por su almacenamiento, como sucede en la actualidad. Pero, de cualquier forma, y al igual que sucedió con la paralización del permiso de obras en la localidad conquense, que fue el principio del fin del proyecto, ahora es el Ministerio quien debe cerrar la opción conquense y apostar por alternativas.
El Gobierno castellanomanchego quiere comprar los terrenos y construir en la zona un parque fotovoltaico. Ya ha solicitado permisos a Red Eléctrica Española para el uso de dos líneas de alta tensión. Pero todo está pendiente de Plan Nacional de Residuos Nucleares que debería haberse puesto en marcha en 2019 y que se ha retrasado debido a las sucesivas convocatorias electorales. Esto ha provocado que la situación administrativa, legal y de gestión del ATC quedara en el limbo y sin un cierre definitivo tras la mencionada paralización de los permisos de construcción que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en el verano de 2018.
Mientras tanto, en Castilla-La Mancha “pasan la página” de Villar de Cañas en cuanto la instalación -allí o en cualquier otro sitio de la región- del silo nuclear. El Gobierno tiene a su favor el rechazo social y la paralización judicial del Plan de Ordenación Municipal (POM) que el Ayuntamiento de Villar de Cañas aprobó para facilitar la instalación del silo nuclear. Ahora, con la retirada de Enresa, da por “finiquitado” el proyecto.
El rastro del dinero gastado
Lo que no quiere el Gobierno autonómico es pasar página en cuanto al dinero gastado. El Ejecutivo de Emiliano García-Page cifra en 90 millones de euros el coste que hasta el momento ha supuesto un proyecto donde han confluido “intereses empresariales” y ha exigido que se investiguen. El presidente, tras conocer la retirada de Enresa, se ha volcado con esta cuestión manifestando su deseo de saber “quién estaba detrás del negocio, qué empresas se han beneficiado y si han tenido que ver con autoridades de la comunidad autónoma”.
También la ministra Teresa Ribera se ha referido en varias ocasiones a esta cuestión del dinero gastado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque cifrándolo en 73 millones de euros. Anunció una “auditoría” o “chequeo” para revisar toda la gestión llevada a cabo desde 2012 en torno al proyecto del ATC.
Sobre la gestión del ATC en Villar de Cañas siempre han planeado también las dudas manifestadas por los colectivos detractores, como la Plataforma contra el cementerio nuclear creada en Cuenca contra su ubicación en esta provincia. En uno de los muchos escritos que incorporó a la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción señaló directamente a Ignacio López del Hierro, marido de la expresidenta castellano-manchega y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal
Según apuntaron en este colectivo, desde la entrada de López del Hierro en la empresa Iberinco, esta compañía (directamente o a través de empresas participadas) recibió adjudicaciones en, al menos, cinco contratos por valor de casi 37 millones de euros, sobre un total de 54,71 millones, en adjudicaciones de Enresa relacionadas con el cementerio nuclear. En todos los casos se trataba de Unión de Empresas Temporales (UTE) en las que participaba Iberinco o bien otras compañías como GHESA y Empresarios Agrupados, en las que Iberinco tenía una importante participación accionarial.
Para sustentar estos argumentos, aportaron junto a la denuncia un total de 18 documentos en los que ponían de manifiesto la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco. Ambos en mayo de 2012.
También se señalaba la estrecha relación entre María Dolores de Cospedal y Gil-Ortega, persona de su confianza, con una larga trayectoria política (entre otras cargos fue alcalde de Ciudad Real y presidente de las Cortes Regionales) y con “nula experiencia” en el sector nuclear. De hecho, dimitió en febrero de 2015 cuando estaba a punto de adjudicar la Obra Civil Principal del ATC, con un valor de licitación de 217 millones de euros. Esta es una de las cuatro licitaciones a las que ahora ha renunciado Enresa.