Más de 250 empleados de Liberbank, vinculados a Banco Castilla-La Mancha (la extinta CCM) podrían verse afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la dirección de la entidad y que tendría efectos a partir del 1 de julio. En el conjunto de España se proponen bajas para 525 personas -todas ellas incentivadas y voluntarias- dirigidas, principalmente, a trabajadores nacidos en 1956, 1957 y 1958, es decir, a los que actualmente tienen 59, 60 y 61 años, aunque también podrán acogerse a ellas trabajadores que se encuentran actualmente en excedencia y que podrían obtener, así, ventajas fiscales al producirse una extinción involuntaria de sus contratos. Además, se abre la posibilidad de acogerse a estas bajas al resto del personal en activo, de cualquier edad.
Junto al ERE, la empresa plantea un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), basado, tanto en la movilidad geográfica como en una reducción salarial entre un 10 y un 13%, proporcional a una reducción de la jornada laboral -entre otras cosas los empleados en activo dejarían de trabajar los jueves por la tarde - que “se podría compensar con el paro”. El 30 de junio concluye, precisamente, el ERTE que está vigente en la entidad desde el 1 de enero de 2014. Ahora comenzaría una nueva etapa.
Así lo explica Rafael García Ledesma, responsable de la sección sindical de CCOO en Liberbank, a eldiarioclm.es. La entidad entregaba ayer a los sindicatos la documentación relativa al ERE en la primera reunión “formal” tras finalizar el periodo de consultas del expediente. Una documentación que “estudiarán” hasta una nueva reunión prevista para el lunes. Ya el martes de la próxima semana arrancarían las negociaciones del ERE y de los ERTE’s.
García Ledesma señala que su “preocupación” se centra en el mantenimiento del empleo y en que todas las bajas sean voluntarias. “De momento se cumple y no vamos a oponernos a ello”. Sin embargo, matiza, “insistiremos en lo que tiene que ver con la plantilla que seguirá en activo porque son ya muchos años de recortes. Las medidas tienen que ser lo más leves posibles”.
La dirección de la entidad considera que las medidas de contención y ajuste de gastos laborales son “necesarias para afrontar el impacto en el sector del mantenimiento y prolongación de las actuales condiciones de mercado y de las consecuencias en el negocio de la política monetaria vigente”. Sin embargo, CCOO ya ha apuntado no ver “razones económicas” para el nuevo ERE porque hay beneficios y porque se están “elevando” las retribuciones a directivos.
Por su parte, el sindicato CSIF, que ha señalado que la medida de movilidad geográfica será para “personas afectadas por el cierre de oficinas”, ha valorado “de manera positiva” que la empresa “evite realizar bajas traumáticas” y que las previstas sean voluntarias e impliquen un acceso a la prejubilación “con los beneficios fiscales que marca la regulación”.