La lucha por la regularización de los pozos en la zona del Alto Guadiana se remonta hasta 2008. Así lo ha indicado la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha, que ha decidido emprender acciones reivindicativas para terminar con la pasividad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que no ha acabado de tramitar todos los expedientes de regularización de los pozos. La campaña empieza hoy en Villarrobledo, y seguirá por diversas ciudades de los 37 municipios que, según denuncian, están en una “situación extrema”.
Los expedientes están asociados, en su mayoría, a terrenos con viñedos. Se trata de unas dos mil familias que, debido al limbo legal en el que se encuentran, han tenido que afrontar en algunos casos sanciones, mientras que la autorización de riego parece “cada vez más lejana”. UPA señala que las sanciones llegan a ser unas 1.500 sólo durante el año pasado. En este sentido señalan a más de 160 agricultores en Villarrobledo, 171 en Manzanares y 226 en Socuéllamos.
Mientras que señalan que la única opción que ofrece la Administración es la de la “compra-venta” de derechos, la Unión de Pe queños Agricultores exige que se den soluciones alternativas más flexibles, que se han visto en otras Comunidades Autónomas. Insisten en que las familias dependen exclusivamente de estos ingresos agrarios, por lo que zanjar el asunto es de crucial importancia.
El problema de los pozos se remonta a la sequía en los años 90’, pero se ha visto agravado por las nuevas revisiones de los Planes Hidrológicos de Cuenca que, según afirman, no tienen en cuenta las demandas de los agricultores profesionales afectados. Además, según van aumentando las declaraciones de “sobreexplotación” de las aguas del Guadiana, el problema se va a agravando y más de la mitad pertenecen a zonas de Castilla-La Mancha.
Julián Morcillo ha explicado que de las concesiones legales que han obtenido los regantes de la región, que llegan hasta los 865 hectómetros cúbicos, sólo se van a poder usar, siendo optimistas, unos 321 hectómetros. Esto, resume, implica que sólo se va a poder usar el 35% de lo que les corresponde por derecho legal. Para luchar contra esto, la organización se desplazará a Villarrobledo, Pedro Muñoz, La Alberca del Záncara, Pedroñeras, Santa María de los Llanos, Las Mesas, Socuéllamos, y Tomelloso, entre otros de los 37 municipios que se ven afectados por el problema. La campaña concluirá el 9 de abril con una manifestación en El Vértice de la Mancha, que señalan como “el centro del mayor viñedo del mundo”.