El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado una modificación del Plan contra la Pobreza Energética, que se incorpora dentro del Plan de Garantías Ciudadanas, impulsado por Podemos y del que está al frente la consejera coordinadora Inmaculada Herranz. La dirigente ha señalado que gracias a estas modificaciones se “aumenta la posibilidad de recibir cuantías económicas” y la cobertura energética durante todo el año.
Los principales cambios que se han incluido en el Plan, implican que ahora las unidades familiares podrán ser beneficiarias de dos ayudas al año, por un total de 150 euros cada una. “Coincidiendo con los dos periodos invernales, donde más necesarias son”, indicó Herranz. Además, se han incorporado ayudas de emergencia social para evitar los cortes energéticos, una herramienta “previa” a la situación de corte del suministro energético.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se promoverá también la formación de nuevos convenios con otras empresas suministradoras de energía, para que se de cabida a “todas las situaciones energéticas” de los hogares de la región. Cruz Roja seguirá al frente de la gestión de este Plan. La consejera ha destacado que han tenido una respuesta “relativamente rápida” ante “determinadas ocasiones” dentro del Plan y que es una prestación que debe ser “muy rápida”.
“Las partidas de reducción de la pobreza son de muchísima importancia. A veces lo tomamos como una medida más, pero los datos nos están demostrando que el esfuerzo que se hace desde las administraciones tiene impacto fuerte sobre las necesidades de la gente”, aseguró Inmaculada Herranz. En este sentido, destacó que desde 2015 se observa una reducción de 5 puntos de las principales dificultades de los castellano-manchegos respecto a la posibilidad de poder pagar sus facturas, en cuanto a los suministros.
“No nos gustaría incidir sólo en esta medida, nos gustaría trasladar que trabajamos por integrar un conjunto de medidas, y que este avance ha venido acompañado de otros que consiguen dar mejor respuesta a la población de Castilla-La Mancha”, explicó Herranz. Entre otros, señaló el aumento de la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, y que las familias más pobres están exentas de pago en servicios como el comedor escolar, los servicios en escuelas infantiles o la estancia en residencias escolares y universitarias.
Por otro lado, ha recordado que el Plan ha tenido una “fuerte repercusión” en el aumento presupuestario entre los años 2017 y 2018, ya que ha crecido en un 20% entre ambos años, pasando de 119 millones de euros a los 243 millones de euros de este año.