El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Torrijos (Toledo) ha impuesto una fianza de 168.000 euros a los tres acusados por el uso reiterado de veneno que ocasionó, en septiembre de 2011, la muerte de un total de 55 ejemplares de fauna en el coto de caza de la Casa Nueva en la localidad toledana de Gerindote. Según estipula el documento, esta fianza tendrá que ser depositada por el titular del coto y los dos guardas que en el momento en que se produjeron los hechos estaban al cargo de la labores de administración y gestión del aprovechamiento cinegético de los terrenos.
Según han dado a conocer las organizaciones Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife, que ejercen la acusación particular, el objeto de la fianza es responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas. El juez ha decretado la celebración del juicio oral después de seis años de instrucción.
Estos colectivos destacan que la imposición de esta fianza es importante en cuanto a que reconoce el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocarlos en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores.
La presencia en los tribunales, realizada en el marco del proyecto ‘Life+ VENENO’, ha permitido a las organizaciones ecologistas trasladar a los órganos judiciales y a la sociedad “la gravedad de esta amenaza contra la biodiversidad” y apoyar el trabajo de investigación realizado por los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha y el SEPRONA de la Guardia Civil.
Los hechos se remontan a septiembre de 2011, cuando fueron localizados en el mencionado coto al menos 55 ejemplares de animales envenenados, entre los que se encontraban 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros, seis milanos reales y un águila imperial ibérica, estas dos últimas especies en peligro de extinción. Los análisis posteriores de los animales confirmaron su muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos.
Labores de investigación
Las labores de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE) del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y el SEPRONA de la Guardia Civil, permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.
El informe 'El veneno en España (1992-2013)' analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, “una de las mayores amenazas para la biodiversidad”, y desvela los 8.324 episodios de envenenamiento que se han registrado en el periodo de estudio. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las organizaciones ecologistas estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran.
A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores. Subrayan que la colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en el campo, “completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna”. Por ello, recuerdan que está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. “El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para los animales domésticos”.