La Fiscalía Europea investiga a la Fundación Legado Bustillo por un posible fraude en las subvenciones

La Fundación Legado Bustillo es una institución benéfica que se dedica a la formación, la educación, el medioambiente y la ayuda social en el municipio de La Solana (15.000 habitantes, Ciudad Real). Ahora, la Fiscalía Europea ha iniciado una investigación tras la denuncia de tres de los patronos, nombrados por el PSOE, para dilucidar si el dinero que ha recibido del plan de recuperación de la Unión Europea tras la covid ha sido empleado en un fraude, al contratar a empresas vinculadas y favorecerlas.

El hecho que se investiga, que se enmarca en el anterior patronato y en los años 2024 y 2025, es si se contrató con dinero de las subvenciones a empresas para prestar servicios que podrían tener vinculación con Miguel Ruiz García, el director de la Fundación. Máximo Díaz-Cano, portavoz de los patronos críticos y denunciante ante la Fiscalía, ha explicado a elDiario.es que hay empresas recurrentes, con vínculos directivos compartidos, que se llevan contratos para desarrollos de app, servicios de asistencia externa o redacción de planes estratégicos.

Entre ellas, tal y como ha podido constatar este medio con documentación, estarían la asociación 'Steam para nosotras' o la empresa Educacem. En esta última estaría uno de los nexos que se denuncian. El actual director de la Fundación, Legado Bustillo, fue apoderado de la empresa en 2023, cediéndole este puesto más tarde a Antonio del Saz, que aparece también como administrador de otra empresa que se ha llevado proyectos de la Fundación: Proyectos Culturales y Educativos SL. La presidenta de la asociación Steam aparece también en esta última empresa y en Educacem. Todas han facturado a la Fundación Legado Bustillo.

El montante que se cobró a la fundación, según recoge el decreto de inicio de la investigación, es de unos 450.000 euros en facturas dedicadas, entre otras cosas, a “identificación de cultivos minoritarios” por 4.700 euros, o “asistencia externa” por 4.000, entre otros desarrollos, como el del plan estratégico del azafrán o los 120.000 euros destinados a un “servicio de asistencia externa en programación educativa”. Esta última factura tiene un anexo en el que se explica el trabajo, a petición de Díaz-Cano, resultando ser de técnica agrícola y ejecutado por otras empresas y la fundación Cellbitec, que también ha sido señalada como una de las denunciadas en el escrito de la Fiscalía.

Díaz-Cano señala que ha informado al actual patronato de la situación jurídica y, junto a los otros dos miembros nombrados por el PSOE, ha pedido que se personen como acusación particular en el caso para aclarar si se produjo un fraude y que se suspenda cautelarmente de empleo y sueldo al actual director hasta que se finalice la investigación.

La Fundación ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es remitiéndose a un posible comunicado en los próximos días.