El Gobierno revela que los expedientes a menores en Ceuta se desbloquearon el lunes tras un choque jurídico con Vivas

La situación administrativa de miles de niños y niñas no acompañadas en la ciudad autónoma de Ceuta se ha mantenido bloqueada durante un mes y medio por un choque jurídico entre el Gobierno central y el de la ciudad autónoma. El ministro de Política Territorial y mando operativo funcional, Ángel Víctor Torres, ha revelado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que este lunes comenzaron a tramitarse, al fin, los expedientes de esos menores bajo la supervisión legal del defensor de menor, justo la figura que se encuentra en el foco del conflicto entre administraciones y que no había sido designada hasta la fecha.

Tal y como reveló elDiario.es, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas no alcanzaron hasta la semana pasada un acuerdo sobre esa figura legal del defensor del menor a la que obliga la ley de asilo, y sin la cual los niños y niñas no acompañadas no pueden ser ni reagrupados en Marruecos ni distribuidos al sistema de acogida de la Península. Hasta ahora, ambas administraciones han chocado sobre quién debe hacerse cargo de la contratación y el pago de esa figura, un dilema de hecho que han trasladado a la vía judicial y que sigue sin dirimirse.

Pero la semana pasada el propio Ángel Víctor Torres alcanzó una solución de emergencia durante una reunión con los responsables de Infancia del gobierno ceutí: hasta que se resuelva el contencioso, es la ciudad autónoma quien contrata al cuerpo de abogados necesario para ese trámite, pero es el Gobierno central quien asume los costes, con una aportación ya fijada de dos millones de euros. Y por eso ha sido posible que este lunes, un mes y medio después, comience la tramitación de los procesos administrativos de esos menores no acompañados.

“Me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación de los diez primeros expedientes a menores. Nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente”, ha dicho el ministro, que ha detallado el choque jurídico con el Gobierno de Vivas. “Estamos ante una controversia porque la ciudad de Ceuta, y también Canarias, afirman que eso es una competencia del Gobierno central. El representante jurídico del Gobierno de España, a través de la Abogacía del Estado, lo que expone es que son competencias de la Comunidad Autónoma. Así que lo que hemos decidido es que ya dirá la Justicia de quién es la competencia, pero el Gobierno de España pone los fondos de manera inmediata. Y ayer fue cuando ya se conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores. Por eso nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes”.

Ley de Nietos

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria de hacer un “corporativismo” que prescinde de la “realidad” ante resoluciones judiciales que, en su opinión, son cuestionables, como la que retira el derecho al voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos'.

En esa misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente también ha pedido “algún pronunciamiento” del Poder Judicial “un poco más valiente” y “más realista” a la hora de “valorar lo que está sucediendo en este país con determinadas resoluciones judiciales”.

El titular de Transportes se ha expresado de esta manera después de que la Asociación Conservadora señalara que las críticas del Gobierno hacia el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los efectos electorales de la denominada 'ley de nietos' suponen “descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta”.

Puente ha lanzado varias preguntas a la asociación al interpelarles para que se pronuncien sobre las reuniones “en secreto” que miembros de la Judicatura y Fiscalía mantuvieron con el PP. En concreto, ha pedido saber la opinión del encuentro que mantuvo el ponente de la resolución de la 'ley de nietos', Antonio Narváez, con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en 2023 y donde, según el ministro, expresó el deseo de que gobernara para que derogara leyes progresistas y mostró dudas sobre sistema electoral español.

Dicho esto, Puente ha reclamado a la Francisco de Vitoria que se pronuncie si Narváez “es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible en este caso” y también sobre las palabras de los magistrados del Supremo en la Junta Electoral Central (JEC) que, según ha dicho, indicaron que el auto del TS era un “despropósito jurídico”.

“Estaría bien que se pronunciaran”, ha insistido Puente, quien ha lamentado también que los miembros de la carrera judicial “se escudan exclusivamente en las declaraciones” de políticos, pero “se tapan los ojos” y “no se dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial son algunos jueces”.

En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se han inscrito 333.696 personas en las oficinas consulares y se han aprobado además 571.000 expedientes, por lo que ha preguntado si ya se sabe “lo que van a votar”, ante las acusaciones del aumento del censo electoral.

“Son españoles, acorde a una ley y, por tanto, quien dice que se adultera el censo porque estas personas pueden votar, también habría que ver si no se adultera el censo si, pudiendo tener ese derecho, no votan”, ha resumido Torres, que también ha recordado que Feijóo ya reclamó en declaraciones pasadas la nacionalidad para nietos e hijos de exiliados.