La caza ha sido uno de los asuntos que han centrado el último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en la presente legislatura, que ha rechazado con los votos en contra del PSOE y del PP la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Podemos para aumentar la edad mínima para cazar de 14 a 16 años. Se trata de la misma petición que la formación morada ya quiso introducir mediante varias enmiendas cuando se tramitó y aprobó la reforma de la Ley autonómica de Caza hace un año. Podemos dio su respaldo a esta normativa pero anunció su intención de introducir otra iniciativa legislativa para que se aumentara la edad mínima. Es la que hoy se ha vuelto a rechazar y que apoyaban colectivos animalistas como Proanimal Castilla-La Mancha, presente en la tribuna de invitados, y Albacete Dejando Huella.
Durante el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por Podemos, el diputado David Llorente ha dicho primero que la ley aprobada hace un año, que modificó la anterior del Gobierno de María Dolores de Cospedal, incorporó avances importantes para la conservación de la naturaleza y la protección del bienestar animal, pero durante su trámite, al rechazarse las enmiendas sobre la edad mínima, la pinza PP-PSOE se “plegó a los intereses del lobby de la caza”, anteponiéndolos “a los derechos de los menores y a su protección ante situaciones de riesgo objetivo”.
El parlamentario ha ofrecido una serie de datos como el hecho de que en España un total de 28 personas mueran cada año en incidentes con armas de fuego relacionadas con la caza, con Castilla-La Mancha a la cabeza con un 30% de estos sucesos. Dicho esto, ha cuestionado que la edad mínima para cazar en esta región, los 14 años, sea inferior a la establecida legalmente para trabajar, contraer matrimonio o para el consentimiento sexual.
También ha querido desmontar los argumentos que llevaron a PSOE y PP a rechazar en su momento las enmiendas, como el hecho de que aumentar esa edad sea una “amenaza para el relevo generacional en la práctica cinegética” -cuando su declive se produce desde hace décadas por “cambios sociales y culturales y una mayor sensibilidad contra el maltrato animal-, o que solo sea una competencia del Gobierno central. Sobre esto último, ha subrayado que el reglamento estatal para el uso de armas ”no impide en absoluto“ que las leyes autonómicas de caza incrementen la edad mínima para esta práctica, ya que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en regular la actividad cinegética.
Además, ha recordado que Proanimal interpuso ante el Defensor del Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra esos artículos de la ley. Esta institución emitió una resolución en junio del año que pasado donde no apreció nada contrario a la Constitución pero sí reconoció expresamente la competencia de Castilla-La Mancha para regular la edad mínima y manifestó que el ejercicio de la caza “está ligado al uso de armas, donde hay una objetiva situación de riesgo”. También sugería a la Junta que valorara la posibilidad de aumentar la edad mínima. Llorente ha apelado asimismo a la “inexcusable observancia” de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del Estatuto del Menor y de otras directivas. “Es inadmisible y una vergüenza que el Gobierno se eche al monte y haga caso omiso del Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales. Ustedes, que tanto se envuelven en la bandera, lo que hacen es despreciar las recomendaciones de esta institución para proteger los intereses minoritarios, retrógrados y desfasados del lobby cinegético”.
Por su parte, la diputada Carmen Torralba ha defendido la postura del Grupo Socialista contra el aumento de la edad mínima por el hecho de que la nueva Ley de Caza se esté desarrollando con normalidad, recordando que Podemos la respaldó con sus votos y preguntándole al diputado Llorente “a qué viene ahora desdecirse”. “Si lo que verdaderamente quiere es que ningún menor posea un arma, se ha equivocado de lugar, porque quien tiene la competencia es el Estado mediante la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana”, le ha dicho.
El PSOE insiste en que es competencia estatal
Es decir, el PSOE sigue amparándose en que se trata de una competencia estatal y europea y en que la resolución del Defensor del Pueblo deja claro que no se vulnera el texto constitucional y “hace un juicio de valor sobre la edad idónea, una apreciación que debería haberse realizado al Gobierno de España y que se proteja a los menores en toda España, regulando las licencias de tenencias de armas”. Durante su intervención, también ha aprovechado para defender la importancia de la actividad cinegética para la economía regional.
Finalmente, la diputada del PP María Roldán ha dedicado su turno a acusar a PSOE y Podemos de que quieran “coartar las libertades de la gente y torpedear los derechos de los castellano-manchegos”, por haber aprobado una Ley de Caza “radical” que “perjudica al sector cinegético” de la región. Según ha dicho, con ello se han puesto en peligro 24.000 puestos de trabajo y se ha sacado adelante una legislación “plegándose a los intereses de cuatro ecologistas” frente al sector de la caza.
Al diputado de Podemos le ha dicho que la competencia para cambiar la edad mínima es efectivamente autonómica, pero ha rechazado que así se haga porque supone un “ataque frontal a la caza”, a ese “modelo que todos tenemos en la cabeza y siempre hemos defendido, que es el del hijo que sale desde bien joven a cazar con su padre”. Ha concluido rechazando que sea una actividad en declive, apostando por mejorar su “impulso social” y acusando reiteradamente a PSOE y Podemos de haber “engañado” al sector cinegético.