Han pasado casi tres años desde que que seis personas del colectivo de repoblación ‘Fraguas Revive’ fuesen condenadas a un año y 9 meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación del monte público, una sentencia ratificada meses después por la Audiencia Nacional. Desde entonces, y con la pandemia entre medias, el conflicto no ha cesado pese a que hubo un acuerdo entre las partes. En el monte público, ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y en el término municipal de Monasterio, permanecen una decena de personas sobre los que ahora pesa otro procedimiento judicial por haber seguido realizando construcciones para la repoblación.
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, sus actividades suponen nuevos riesgos, tanto de incendio como de destrucción del paraje natural, especialmente contra el patrimonio arqueológico. Planea una demolición parcial de las nuevas construcciones que estuvo a punto de realizarse el pasado 5 de marzo pero que se suspendió 'sine die'. Pero para los repobladores no existe tal riesgo y no comprenden cómo se puede defender al mismo tiempo el patrimonio de Fraguas y la demolición.
Desde que la sentencia fuera firme, son muchos los pasos que tanto el Gobierno regional como los repobladores han dado para defender sus argumentos, incluso con diálogo entre todos ellos en busca de soluciones. El pasado verano, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, se incluyó al denominado “Despoblado de Fraguas” en el Inventario de Patrimonio Cultural de la comunidad autónoma. Antes no figuraba en ese catálogo. Fue una herramienta de protección: desde entonces cualquier intervención en el mismo debe ser previamente autorizada por la Consejería de Cultura.
Con ello, el pasado mes de diciembre, la Consejería de Cultura dio permiso a la empresa Tragsa para realizar un estudio histórico-documental del denominado “Despoblado”. La Delegación provincial de Cultura en Guadalajara, en este permiso, le recuerda a Tragsa que debía suspender cualquier acción (demolición o remoción de tierras) sobre áreas donde se hubiera producido la aparición de objetivos arqueológicos. Esa misma petición está dirigida al Ayuntamiento de Monasterio y al Museo Provincial de Guadalajara. No obstante, el pasado 2 de febrero, Cultura envió a Desarrollo Sostenible las conclusiones de este primer estudio donde indica que “se considera oportuna su demolición” con una serie de requisitos.
Este es, básicamente, el proceso que ha indignado a los repobladores. Se preguntan cómo puede conjugarse la demolición con el respeto al patrimonio. El colectivo 'Fraguas Revive' explica a elDiarioclm.es que desde la sentencia, la “persecución” a las personas que allí permanecen ha sido una constante y que no hay argumentos defendibles contra las labores de repoblación. Consideran que la demolición de sus construcciones es “inminente” y que hay una “enorme contradicción” entre este objetivo y la intención de conservar el patrimonio. De hecho, el colectivo realizó hace días una campaña para que se escribiera de forma masiva al técnico de Tragsa encargado de valorar el patrimonio y pedirle que reforzara este argumento y
Fue hace justo un mes cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible emitió resolución donde acordaba la “restitución” del monte público. En ese documento resuelve iniciar procedimiento de “recuperación de oficio” de la zona; la “inmediata paralización de las obras” y cese de actividades sin autorización: y trasladar a las autoridades judiciales “colaboración para la ejecución de los actos necesarios para la restitución del monte al estado anterior a la ocupación”. Para ello, la Consejería pidió a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara asistencia para esta intervención. Sonaron las alarmas entre los repobladores de Fraguas, que alertaban de una posible demolición. Pero la subdelegada del Gobierno informó a la Comandancia de la Guardia Civil de que no correspondía a las Fuerzas de Seguridad la “ejecución material del acto” salvo mandamiento judicial expreso. Al ser una actuación de oficio por parte de la Administración autonómica en ejecución de la sentencia, no existía tal mandato judicial, aunque sí comunicado de la Fiscalía, que se unía a la petición de que se hiciera efectiva la restauración de la “realidad física alterada”. Finalmente, nada sucedió, pero en Fraguas la expectación se ha hecho cada vez “más intensa” ante esa posible demolición.
El Gobierno castellanomanchego lamenta que se estén “tergiversando los hechos y la realidad” de este asunto. La Consejería de Desarrollo Sostenible explica a elDiarioclm.es que “hay quienes tratan de presentarse ante la opinión pública como víctimas cuando lo son el monte de utilidad pública, el Parque Natural y el Despoblado de Fraguas como espacios protegidos que están siendo vulnerados y deteriorados debido a un mal uso particular”. Considera que esta cuestión también perjudica a la población que vive en los numerosos núcleos de la Sierra Norte de Guadalajara, como Monasterio, con apenas habitantes, y “donde perfectamente puede asentarse quien quiera apostar por el medio rural”. “Por cierto, como se les ha facilitado por parte de la Administración regional y como han aprovechado algunas de las seis personas implicadas”.
Este departamento también aclara que no se puede hablar de “demolición total” porque la sentencia judicial determina que hay demoler “las construcciones nuevas y los añadidos a las existentes que no han respetado las originales”, así como una serie de obligaciones en cuanto a la restauración de este Espacio Natural Protegido. Conforme a ello, las mismas fuentes precisan el deseo de la Administración de “conservar el patrimonio arqueológico y etnográfico” que ha sido “gravemente deteriorado por las nuevas construcciones realizadas y por la enorme cantidad de residuos acumulados que son una amenaza muy grave para este monte público por el alto riesgo de provocar incendios”. Siempre, subrayan, respetando la Ley de Patrimonio. Pero los repobladores alegan, y así figura en la documentación, que en el presupuesto de la demolición se establece que se realice “a nivel de rasante” (a ras de suelo): “Eso no es respetar el patrimonio”.
A este debate se ha sumado el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien, según publica El Salto, ha enviado un escrito al Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara pidiendo la inmediata paralización del derribo. El colectivo 'Fraguas Revive' aporta asimismo un escrito registrado el pasado 26 de marzo donde este órgano consultivo en la Ley de Patrimonio y especializado en estos temas, pide también su paralización al encontrarse “elementos susceptibles de ser protegidos por la Ley de Patrimonio de Castilla- La Mancha en las categorías de patrimonio histórico y patrimonio etnográfico, como la arquitectura negra”.
El pueblo en su conjunto como “patrimonio arqueológico”
“Además, el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico tal y como se define en el artículo 49 de dicha ley: el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo”, añaden. Informan también de que a raíz de esta intervención, el senador de Compromís Carles Mulet, que ya ha pedido en dos ocasiones el indulto de los repobladores, ha registrado una pregunta en el Senado al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar, dentro de sus competencias, y en colaboración con la Administración autonómica, para que no se provoque en el municipio de Fraguas una “pérdida irreparable del patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y etnológico español”.
¿Es esto incompatible con los planes del Gobierno regional? La Consejería de Desarrollo Sostenible afirma que quiere “velar por la protección y conservación de este monte y espacio natural protegido y de dominio público, recuperar y proteger el patrimonio arqueológico y patrimonial severamente deteriorado” así como “apoyar a los vecinos y vecinas que viven en los pueblos de la comarca y el desarrollo sostenible de los mismos”
El Ejecutivo también ha solicitado al juzgado autorización para acceder y realizar trabajos de prevención de incendios forestales “porque estamos muy preocupados por el alto riesgo de que se produzcan”. Es “una amenaza que se acentúa en estas fechas y durante el verano y cuyas causas son la enorme cantidad de residuos, material inflamable incluido, acumulados por quienes se instalan ahí y sus prácticas negligentes como el uso de fuego”. Explica que así lo han constatado y documentado en sus informes los agentes medioambientales, que “sufren ante el grave deterioro que observan con la frustración de no poder garantizar la óptima conservación del patrimonio natural”.
En cuanto al mantenimiento de las construcciones realizadas, reitera la Consejería de Desarrollo Sostenible que el objetivo es conservar el patrimonio arqueológico que reúne valores a preservar. Para llevarlo a cabo se ha contratado un estudio arqueológico-cultural que ha elaborado la Universidad Politécnica de Madrid. El equipo de arqueólogos responsable se ha desplazado al terreno y “se podrá recuperar el patrimonio público que ha sido gravemente deteriorado por las nuevas construcciones realizadas, con el objetivo de que sirvan de legado y herramienta de educación ambiental”.
Hay otra cuestión de fondo en este asunto, al margen del debate entre demolición y patrimonio: la sentencia de cárcel que ratificó la Audiencia Provincial de Guadalajara. El Gobierno de Emiliano García-Page retiró la acusación por delito de daños, lo que consiguió evitar que sobre las personas condenadas pesara el ingreso en prisión. También, atendiendo a la petición judicial de que hubiera diálogo entre las partes “para encontrar puntos de entendimiento dentro de la legalidad vigente”, el Gobierno presentó ante el juzgado a finales de 2019 un acuerdo con las personas condenadas. Dicha propuesta contemplaba, como primera medida acordada, no utilizar las construcciones para vivir por ser un uso no permitido. “Otros aspectos contemplados en la propuesta eran relativos a explorar la puesta en valor de usos y actividades permitidas en la normativa del Parque Natural como aprovechamientos forestales, de pastos para ganadería extensiva, apicultura”.
Sin embargo, ese acuerdo fue desestimado por el juzgado mediante auto de 30 de julio de 2020. “Y aunque no compartimos la decisión judicial y hubiéramos deseado que se hubiera admitido el acuerdo alcanzado fruto del diálogo que hemos venido propiciando, a partir de ese momento hay que asumir que existe una sentencia judicial firme que, como todas, se deben cumplir.”
El colectivo 'Fraguas Revive' interpreta que la Junta ha “escogido” que los repobladores vayan a la cárcel. Alega que el Gobierno “no ha hecho valer” ante el juzgado el acuerdo de 2020 para regularizar las construcciones y dar las autorizaciones pertinentes. “No entendemos qué intereses priman para que la Junta escoja la vía penal, aumentando incluso el número de personas encausadas”, afirman sobre el nuevo procedimiento judicial abierto debido a nuevas construcciones y al supuesto riesgo de incendio.
Próximos pasos y campaña en redes
Se preguntan por qué, después del tiempo transcurrido y de haber establecido un diálogo, el juzgado resolvió contra ese acuerdo cuando se inscribía a Fraguas en la lista de “despoblados” consiguiendo así su protección patrimonial. “Primero confieren protección patrimonial y acto seguido dan pasos feroces para demolerlo”. La pregunta ahora es cuál es el próximo paso que dará la Administración. Apuntan en la Consejería que la ejecución de la sentencia se realizará cuando se completen todos los aspectos que forman parte del procedimiento y que “son llevados cabo conforme a los servicios jurídicos de la administración judicial”.
Este complejo cúmulo de circunstancias ha hecho que el colectivo haya iniciado varias acciones. El pasado 23 de marzo emitía un comunicado invitando a escribir al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidiendo libertad para los seis condenados bajo el lema “Repoblar no es delito” y “Juntxs contra la criminalización y demolición”. Esta misma semana ha lanzado una campaña en redes sociales defendiendo que Fraguas es Patrimonio Histórico y Etnográfico con los hashtags #FraguasEsPatrimonio y #FraguasNoSeTira
La Consejería argumenta, sobre el nuevo proceso judicial, que la intervención sobre el patrimonio protegido del monte de utilidad pública del Parque Natural no ha cesado, también “con nuevas construcciones y modificaciones y alteraciones de otros elementos”. “Son los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal quienes deciden la apertura de investigación o no sobre los hechos; en este caso, con la documentación de las actuaciones que se continúan realizando que constatan en sus informes nuestros agentes medioambientales, que velan por la protección y conservación del patrimonio público natural. Trabajadores y trabajadoras públicas que reciben incluso insultos y amenazas y que sufren ante el grave deterioro que observan con la frustración de no poder garantizar la óptima conservación del patrimonio natural”.