Los técnicos de gestión de la naturaleza de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de las cinco provincias de la región han emitido un comunicado en “apoyo de los tres compañeros de caza y pesca de la Dirección Provincial de Guadalajara” para los que la Asociación de Titulares de Cotos de Caza (ATICA) en esta provincia piden la dimisión por “inoperancia” y porque consideran que perjudican los intereses del sector cinegético.
Los funcionarios de cuerpos técnicos relacionados con la gestión de la naturaleza aseguran estar presenciando “atónitos, una campaña de desprestigio y difamación a tres compañeros, empleados públicos como nosotros, por parte de determinados colectivos que se revuelven porque las cosas no les salen como esperan”.
En el escrito señalan que quienes critican a los técnicos “obvian que se trata de tres profesionales independientes” y que sus conocimientos, como los de todo el cuerpo técnico de la Administración, “son fruto de años de estudio y esfuerzo, primero en la universidad y después preparando oposiciones tras las que el aprendizaje científico o técnico se completa con el marco legal en el que aplicarlo”.
Reconocen que sus informes “pueden implicar restricciones de usos en el medio natural” pero sostienen que se justifican “técnica y legalmente” porque, añaden, “la Administración no trabaja para la consecución de objetivos particulares de ningún sector, sino al servicio de los intereses generales. En este caso, la protección del medio ambiente”.
Acusan a los titulares de cotos de “alimentar” falsas tesis
Sostienen que “las limitaciones más conflictivas” surgen al aplicar principios y criterios contenidos en la normativa, europea, nacional y regional derivados de la necesidad de preservar la diversidad biológica y la obligación de gestionar “de forma sostenible” especies y ecosistemas, garantizando un uso de los mismos que no comprometa su disfrute por parte de las generaciones futuras.
Acusan a ATICA de “alimentar” la opinión de que los técnicos toman decisiones arbitrarias en su perjuicio “por desconocimiento o por desacuerdo con la prevalencia del interés general frente al particular” y sugieren a los titulares de cotos de caza “plantearse que es la legislación vigente la que limita sus pretensiones en aras del bien común, y no los funcionarios quienes sin fundamento técnico ni legal, deciden perjudicarles”. En este sentido, añaden que “tratar de cambiar las leyes es mucho más complicado que difamar, requiere mucho más esfuerzo y argumentación”.
Recuerda que, de momento, “no se han hecho públicos los datos en los que apoyan sus calificativos hacia nosotros, los que sirven de soporte a llamarnos incompetentes, a definir nuestras actuaciones como arbitrarias o a solicitar nuestro cese, olvidando que somos trabajadores que hemos obtenido nuestro puesto en un proceso selectivo abierto, y que no estamos a merced de devenires políticos”.
El “enfoque simplista” de ATICA
Les afean por “enfoque simplista” el hecho de que se atribuyan “la representación de un mundo rural cada vez más despoblado y envejecido, defendiendo la caza y la pesca como motor de su economía” que en opinión de los funcionarios no puede solucionar “un problema estructural global que va mucho más allá” y cuyas causas, argumentan, “están conectadas con la política económica y social, no con la de protección del medio ambiente, que en muchas situaciones se está convirtiendo también en motor de economía y fuente de ingresos y desarrollo”.
“Se equivocan cuando piensan que insultando y presionando al poder político, nosotros dejaremos de hacer un trabajo imparcial” porque, aseguran, “el sistema ya no funciona así: nos debemos al interés general, y las amenazas y demagogia que estamos sufriendo estos días sólo consiguen reafirmarnos”.