En el último foro organizado por ABC y Deloitte en Madrid, la presidenta de la Junta de Comunidades, María Dolores de Cospedal, anunció triunfalmente que, gracias al “esfuerzo importantísimo” de su Ejecutivo, se ha logrado garantizar los servicios sociales básicos en Castilla-La Mancha. Cospedal señaló además que es “perfectamente compatible” la austeridad en la gestión con una política social “para los que más lo necesitan”. Por supuesto no ha sido la única, en especial en los últimos meses.
Si bien el lema se ha usado desde los primeros años de la legislatura, la precampaña electoral y las reiteradas y masivas denuncias de distintos colectivos parecen haber despertado al Gobierno regional para darse cuenta de que los servicios sociales son un punto importante a tocar. Durante la I Escuela de Formación de las Nuevas Generaciones del PP en Toledo, Leandro Esteban, portavoz del Ejecutivo, señaló que las propuestas de Cospedal habían logrado “las dos cuestiones más importantes” anheladas por los ciudadanos: los servicios sociales y el freno del desempleo.
En Cuenca, sede del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha, Benjamín Prieto, presidente ‘popular’ de la provincia, aprovechó, la semana pasada, una reunión de formación del partido en la localidad de Motilla del Palancar para asegurar que la tan reiterada herencia socialista, “una deuda tremenda”, no ha sido un problema para la secretaria general del PP para garantizar los servicios sociales básicos de los ciudadanos, además de “17 meses consecutivos de bajada del paro”. Siempre en términos interanuales.
Un punto de vista completamente diferente
Por mucho que el Gobierno regional repita su consigna, la realidad que demuestran colectivos fuera del mismo es completamente diferente. La Plataforma en Defensa del Sistema Público de los Servicios Sociales hizo público un análisis del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha en el que señalaban una situación totalmente distinta a lo publicitado por el Gobierno. En este sentido, denunciaron que la subida de un mero 1,77% en los presupuestos destinados a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el 2015, uno de los que menos crecían, no ayudaría a resolver las medidas de austeridad de los años anteriores. Las cifras publicadas apoyan su denuncia.
El colectivo planteaba que, nuevamente, se reducen los programas sociales básicos. Había medidas “mínimas” que no ayudaban a resolver el problema de casi 50.000 personas en situación de dependencia sin atención, miles de familias en situación de exclusión social (casi un 40% según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), o una pérdida de 23.000 empleos en el sector. Si bien en 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió doblar el ingreso mínimo de solidaridad y las ayudas de emergencia social, el colectivo señaló que, tras los recortes de la legislatura, “la necesidad es multiplicarlas como poco por diez”.
Las pérdidas en el sector enumeradas por la Plataforma van desde el Programa de Atención a la Infancia y la Familia, cuyo presupuesto creció en 2015 pero se vio recortado entre 2012 y 2014 en casi un 78%, según denuncian, hasta los Programas de Atención a Personas en Discapacidad que se mantuvieron entre 2014 y 2015, pero se vieron recortados en cerca de 166 millones de euros en el período de 2012 y 2014. Atención y Tutela sufrió también graves recortes entre 2012 y 2014, 36 millones, pero crece en los últimos presupuestos en poco menos de un 5%.
En materia de dependencia, las últimas noticias del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales regional, José Ignacio Echániz fueron rotundamente desmentidas por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Echániz aseguró que las ayudas a la dependencia han crecido en más de 5.000 en relación a 2011, algo que para el colectivo sólo era posible maquillando los datos. En este sentido, la plataforma liderada por José Luis Gómez-Ocaña señalaba que sólo se podrían conseguir esas cifras valorando a ciudadanos hasta dos veces, práctica que han denunciado. Mientras los datos del IMSERSO de 2014 señalan que existían alrededor de 7.600 personas que recibían ayuda, en 2011 la cifra era de cerca de 10.000.
¿Dónde ha ido el número restante de dependientes? La Plataforma señalaba, duramente, que “en el cementerio”. En este sentido, el colectivo ha llegado incluso a acusar a Echániz de “aprovecharse de las muertes” para anunciar las bajas en las listas de espera, mientras existen alrededor de 4.000 expedientes sin tramitar en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. “Dependiente que muere, dependiente que reduce la lista de espera”, continuaba la Plataforma, que también denunció una bajada en el presupuesto de hasta un 18% para su sector, por lo que cuestionan que, con menos dinero, se pueda atender a más personas. Las denuncias por manipulación en las listas de espera de este sector han llegado incluso a la Comisión Europea.