Desde que Arturo García-Tizón desembarcara, de la mano de María Dolores de Cospedal, en la política castellano-manchega, tras varias legislaturas como diputado en el Congreso de los Diputados, se ha convertido en una de las figuras políticas del PP más rodeadas de polémica debido a la gestión de varios proyectos y a las decisiones que ha ido adoptando. Ahora, aparece también señalado como persona clave, desde la misma fundación de su partido, en la creación de una contabilidad B, incluso antes de la aparecida en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.
Presidente de la Diputación de Toledo desde 2011, García-Tizón, abogado del Estado y nacido en Madrid, concurre ahora como número 3 en la lista municipal para la capital regional encabezada por Jesús Labrador, con la intención declarada de volver a presidir la institución provincial. Es también presidente provincial del PP y diputado en el Congreso, donde preside la Comisión Constitucional.
Protagonizó uno de sus episodios más polémicos cuando hace justo un año abandonó, junto a casi todos los concejales ‘populares’, un pleno municipal de Toledo que abordaba la situación de los niños enfermos de cáncer. Lideró la salida de los ediles y al ser abordado por los padres con el documento que iba a ser leído, dijo que no le interesaba ni le importaba, mientras abandonaba la sala. Un año después, lejos de rectificar sobre esta cuestión, ha declarado sentirse “encantado de la vida” de recibir el premio ‘Amargo’ del Día Vecinal de Toledo.
Se trata de una falta de sensibilidad que también ha caracterizado la gestión que la Diputación de Toledo ha hecho de la residencia social asistida San José, así como en el Centro de Día de Alzheimer, ambos dependientes de la institución provincial. Desde febrero de 2012, nueve meses después de que García-Tizón se hiciese cargo de la Diputación, las altas se cerraron en ambos centros y dejaron de recibir pacientes, a pesar de disponer de varias plazas libres.
La lucha por mantener la Residencia San José en Toledo, la única que cuenta con una Unidad de Alzheimer en la provincia, llevó a los sindicatos a pedir la dimisión de García-Tizón, al que acusaron de intentar cerrar la Unidad de Alzheimer, un cierre que finalmente se paralizó cautelarmente debido a las medidas solicitadas por el Grupo Socialista en la institución, que suspendía la Orden de la Diputación de extinguir los servicios de la residencia.
Tampoco en la gestión de proyectos de otras características ha destacado el también concejal toledano por su brillantez. Es el caso del proyecto de la Diputación para que el yacimiento arqueológico Ciudad de Vascos, en el término municipal de Navalmoralejo (Toledo), sea visitable. La ilegalidad en la expropiación del terreno para su construcción, el no haber respetado la parada biológica para la anidación de las aves y las “irregularidades” en la adjudicación del barco fluvial son las tres cuestiones que han hecho polémica esta iniciativa.
Declaración de bienes
Otra de las polémicas a sus espaldas se refiere a la Declaración de Bienes e Incompatibilidades del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, que tuvo que corregir tras haber declarado cerca 100.000 euros anuales de diversos cargos sin tener ningún préstamo o deuda, y donde cancelaba en un ejercicio préstamos por valor de 135.000 euros, más de sueldo anual.
García-Tizón completó su declaración indicando que percibe 6.773,04 euros por trienios en su condición de abogado del Estado en excedencia, que había aportado a sus dos planes de pensiones 18.532,20 euros desde el año pasado y que mantiene sendos préstamos con las entidades CCM y Caja Rural por importe de 88.552,48 euros, habiendo cancelado, por lo que se deduce, el que mantenía con La Caixa y aminorando su deuda financiera en unos 46.000 euros desde el anterior ejercicio.
En su condición de diputado por el Congreso, lo que siguió sin declarar fue la “indemnización” libre de cotizaciones que reciben aquellos diputados “de provincias” (1.823,86 euros mensuales) para facilitar su estancia en Madrid, incluso aunque dispongan de vivienda en la capital como es el caso del propio García-Tizón, que tiene allí dos pisos. Un galimatías de declaraciones de bienes de las que el presidente de la Diputación todavía no ha dado explicaciones.
El gasto de esta institución en un solo día de más de 6.000 euros en una bandera bordada a mano, o de casi 5.000 euros en puntas de lanzas, y los 1,5 millones que desembolsó en un pleito por el despido de 22 trabajadores en 2012, son otras de las muchas cuestiones polémicas que ha protagonizado durante la presente legislatura, que ahora se agravan tras ser señalado como clave en la contabilidad B del PP. En esta última polémica, García-Tizón dice no acordarse de nada debido al tiempo transcurrido. “Han pasado casi 30 años y no recuerdo cómo se hizo aquello”, ha afirmado sin más.