El Gobierno de Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas, junto a Extremadura, que no presenta datos al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre las ayudas de emergencia social que concede cada año dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales entre Gobierno de España y comunidades autónomas.
“Es una obligación de cada comunidad autónoma publicar los datos y, si no lo hace, el Ministerio debería actuar en consecuencia. Incluso debería dejar de abonarles la financiación correspondiente”, asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Recuerda también que el Gobierno de Castilla-La Mancha “gestiona directamente las ayudas de emergencia social y sus retrasos son considerables en el conjunto de la comunidad autónoma y en algunos ayuntamientos en particular, según hemos podido comprobar. Suponen una tardanza de hasta dos meses”.
Son plazos similares a los de otras comunidades autónomas, explica, “según nos dicen trabajadores sociales, directores y directoras de centros de servicios sociales” pero hay una diferencia respecto a lo que hacen otras regiones. “Algunas han legislado para agilizar los procedimientos como Catalunya o Castilla y León, pero en Castilla-La Mancha esto no existe y tampoco sabemos cuántas ayudas económicas se dan”.
Las cifras de pobreza en Castilla-La Mancha “requieren ayudas más efectivas”
Esta asociación ha hecho públicos esta semana los datos de las ayudas de emergencia social por comunidades autónomas. En lo que se refiere a Castilla-La Mancha no hay datos ni sobre el gasto medio en prestación, en ayudas de urgencia o sobre el gasto por habitante y año.
Con la estadística que maneja la Asociación se pone de manifiesto que la tasa del riesgo de pobreza en la región es del 20,2% o que hay 413.135 personas en riesgo de pobreza y tan solo 10.246 perceptores de ayudas por rentas mínimas. Son cifras, eso sí, que se basan en datos “antiguos” del año 2018.
“Estas cifras requieren que las ayudas sean efectivas y diligentes”, asevera. Además resalta otra cuestión que, para José Manuel Ramírez, reviste “gravedad”. Tiene que ver con una decisión del actual Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado mes de octubre. “Cuando se inicia el derecho subjetivo de ciudadanía del Ingreso Mínimo Vital en España, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya era el que menos financiaba la renta mínima autonómica de inserción, la paralizó”. Se refiere a la decisión de suprimir el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la 'renta mínima' castellanomanchega, al implantarse en la región el Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal.
"El Gobierno de Castilla-La Mancha no solo no da información, sino que ha suprimido una prestación que podía ser una vacuna contra la exclusión social”
“Con 413.000 personas viviendo en riesgo de pobreza en esta región, su gobierno está siendo insolidario en una doble vertiente. No solo no da información, sino que ha suprimido una prestación que podía ser una vacuna contra la exclusión social”, critica José Manuel Ramírez.
Con la llegada de la pandemia, la preocupación se incrementa. “El número de usuarios de los servicios sociales ha crecido un 30%. No solo es una crisis sanitaria, económica o laboral sino social”, explica.
“La gente que ya vivía en precario ha caído en una situación de pobreza extrema, según nos indican los datos del INE: hemos pasado a tener 3,3 millones de personas en España en pobreza extrema y son 900.000 más”, lamenta.
Por eso, insiste Ramírez, “se deberían haber reforzado los servicios sociales, las ayudas del Ingreso Mínimo Vital, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y haber simplificado procedimientos que dificultan atender de forma rápida las necesidades básicas”.
La asociación que preside recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en este año 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta los 100 millones de euros (es el mayor de la historia), por lo que las entidades locales pueden incrementar sus ayudas de emergencia social. Sin embargo, afea, “siete meses después todavía no se ha distribuido ese crédito, por lo que no se puede utilizar”.
Ramírez sostiene que “ante la gran crisis social que vive nuestro país es imprescindible ayudar a las familias que peor lo están pasando para que se puedan cubrir, al menos las necesidades más básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler” y por eso se proponen algunas medidas.
“Ocurre porque estas ayudas no están exceptuadas de la Ley General de Subvenciones. Se tratan como si fuera una subvención más. Hay que cambiarlo. Deben ser prestaciones económicas y no subvenciones”, apunta.
Por otro lado, lamenta, “dependen de la mayor o menor laxitud de los interventores o interventoras de los ayuntamientos. Que sean más o menos exigentes”. En este aspecto la asociación pide también agilizar estas ayudas. Para ello sugieren que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales para lograrlo.