Varias de las personas que se encuentran en el despoblado del monte público de Fraguas (Guadalajara) o que están encausadas en los procesos judiciales por su asentamiento en la zona, han recibido una resolución administrativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que se les da un plazo de diez días para desalojar esta zona, incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Con ello, la Junta de Castilla-La Mancha vuelve a intentar el desalojo, dentro de un procedimiento que ya iniciaron el pasado mes de marzo pero que no ejecutaron debido a las apelaciones.
El documento enviado a estas personas, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, busca ahora la recuperación “indebidamente perdida” y la “restitución” del monte público bajo el amparto de la Ley de Patrimonio. En el texto, la Administración relata que desde el año 2013 esta zona está ocupada y recuerda que el procedimiento para la recuperación y desalojo se dictó el pasado mes de marzo, en ejecución de la sentencia de 2018, confirmada en enero de 2019, que condenó a varios de repobladores y que está pendiente de ejecución.
El colectivo ‘Fraguas Revive’, que agrupa a los repobladores, presentó alegaciones a ese procedimiento entre marzo y junio de este año y el desalojo no llegó a producirse. El Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta ahora que a expensas de la resolución de las cuestiones incidentales planteadas por las personas condenadas con la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, la ocupación del poblado se ha mantenido, así como la construcción de nuevas instalaciones. Para ello, hace constar atestados del SEPRONA dentro del segundo procedimiento judicial iniciado contra ellas y que actualmente se encuentra en tramitación.
En base a la legislación, la Consejería de Desarrollo Sostenible convalida con la nueva resolución el procedimiento de recuperación del monte y declara ilegítima la posesión y restitución por resultar “suficientemente acreditado” el hecho de la “usurpación, construcción y ocupación” del mismo. Para ello, ordena que se lleven a cabo las actuaciones para la devolución de la posesión y desalojo, y proceder a la demolición de las construcciones ilegales.
Con este objetivo, establece una serie de obligaciones: notificar la resolución a los ocupantes y que en caso de resistencia, se proceda a la “ejecución forzosa”. Así, detalla que podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como imponer multas coercitivas hasta un 5% del valor los bienes o derechos usurpados, reiteradas de forma sucesiva por periodos de diez días. Finalmente, en la resolución se establece que en el caso de que los “usurpadores u ocupantes” no cesaran de forma voluntaria en su actuación, “serán de su cuenta todos los gatos generados con ocasión de la ejecución forzosa.
'Fraguas Revive' lo considera ilegal
El colectivo ‘Fraguas Revive’ que agrupa a estas personas considera “ilegal” esta comunicación puesto que a nivel penal todavía está en marcha la ejecución de la sentencia y hay algunos puntos sin resolver. Entre ellos destaca el hecho de que el pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial no viera necesario hacer un estudio del CSIC sobre los bienes patrimoniales del monte público y considerara la necesidad de realizar un nuevo estudio imparcial. También obligaba a la Junta a hacer público el anterior. “Ejecutar la sentencia de Fraguas consideramos que es un delito contra el patrimonio y debería haber un estudio serio que lo avalase”, afirman.
Por otro lado, argumentan que la sentencia de demolición solo puede afectar a lo construido antes de 2017 y contra un recurso de la Audiencia Provincial esta resolución administrativa pretende recuperar la posesión de todo el conjunto de la zona. También alegan que los términos en los que se va a ejecutar la sentencia dependen del juzgado número 4 de lo Penal de Guadalajara y “no pueden juzgarse a la vez por lo penal y lo administrativo”. “Si depende de la Consejería, ya sabemos lo que quieren: demoler a ras del suelo”.
Añade este colectivo que desde el pasado mes de octubre, la jueza que coordina la ejecución del procedimiento tampoco permite la demolición “de lo no juzgado” ni en el caso de haber nuevos pobladores, debido principalmente a que hay un nuevo proceso penal abierto por estos hechos. Además, añaden que la mayoría de las personas inculpadas ya no viven en Fraguas o “ni siquiera han vivido nunca”.
'Fraguas Revive' ha recurrido por tanto la resolución y remite al juico administrativo, un “nuevo frente sin ni siquiera haber resuelto los anteriores”. “La Junta de Castilla-La Mancha se retrata nuevamente con trámites desesperados e ilegales para acabar con un proyecto sostenible apoyado por el conjunto de la sociedad”, concluyen.