Aunque lo ideal sería que el sistema de dependencia se financiase con un aporte del 40% del Gobierno de España, otro 40% de la Comunidad Autónoma y un 20% del usuario, la realidad en Castilla-La Mancha es diferente. Según ha confirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, actualmente la región aporta 63 euros de cada 100 que van al sistema de dependencia, mientras que el usuario paga 19 y el Estado español sólo 18 euros.
Ante este problema que sufre la financiación, el Consejo de Gobierno ha aprobado solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas al Senado, donde se reclamará la revisión de la financiación del sistema de autonomía para la atención a la dependencia. “A lo largo de los últimos años la atención a la dependencia ha tenido dos dificultades principales”, explicó Sánchez. La primera de ellas, que la aportación económica del Gobierno de España ha disminuido “significativamente” y también que ha faltado “impulso político” para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Sistema “quebrantado”
Sánchez ha citado al Observatorio Estatal de la Dependencia, que ha estimado el recorte acumulado tras el Real Decreto de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, asciende a unos 2.865 millones de euros. Este decreto supuso un “gran quebranto” para las Comunidades Autónomas y a los dependientes, al reducirse las fuentes de financiación del Estado.
“En palabras del Observatorio, la pasada legislatura ha sido devastadora”, explicó Aurelia Sánchez, que recordó que son 62.000 personas con derecho reconocido en Castilla-La Mancha, de las que más de 40.000 son beneficiarias de más de 50.700 prestaciones. Sánchez explicó que la financiación del Estado se hace en dos niveles: uno mínimo, que se ha reducido en un 14%, y otro acordado que ha desaparecido. También, recordó, se suprimieron las subvenciones a las cotizaciones de la Seguridad Social de las personas cuidadoras, otro cambio que perjudicó al sistema.
Castilla-La Mancha recibió en 2010, 94,5 millones de euros por parte del Estado, mientras que en 2011 sólo fueron 82,5 y en 2012 se dejaron de percibir 16,3 millones llegando sólo a los 66,2. La disminución para 2016 se estima en un 17%. “Esta situación contraviene la propia Ley de Dependencia de 2006, que dice que la financiación de las Comunidades Autónomas debe equipararse a la del Gobierno de España”, explicó Sánchez.
Y es que, además, la consejera de Bienestar Social advirtió de que la posibilidad de aumentar la financiación para la dependencia por parte de las Comunidades Autónomas es “difícil”, ya que se debe cumplir el techo de gasto. Es por esto que se lleva la reclamación de esta “histórica” deuda al Senado, una proposición que también harán comunidades como Andalucía o Extremadura. “Es una petición de justicia social la que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha por defender los derechos de las personas dependientes”, aseguró Aurelia.
Ley Integral de Podemos
Ante el anuncio de Podemos de condicionar los presupuestos de 2017 a la aprobación de la Ley Integral de Garantías, que se sustentará en tres pilares: garantizar la vivienda y sus suministros y poner en marcha el programa de rentas, Sánchez ha asegurado que la Junta está trabajando en un Plan de Garantía de Rentas que puede “coincidir” en el fondo de lo planteado por la formación morada.
“Yo intuyo que puede llegar a puntos de acuerdo importantes. En el fondo, estamos trabajando por el bienestar de Castilla-La Mancha”, aseguró. De este modo, puntualizó que el enfoque del Ejecutivo regional es que se pueda acceder a un puesto de trabajo: “No olvidemos que si una persona tiene empleo no se necesita renta mínima”, concluyó.