El problema del agua en Castilla-La Mancha sigue superando las fronteras del país. Muchos de los conflictos en torno a los planes hidrológicos se derivan de la falta de aplicación de la Directiva Marco de Agua (DMA), de ámbito comunitario, y el Gobierno regional, tras recurrir ante el Tribunal Supremo los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente para los ríos Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, quiere que en Bruselas sigan tomando nota. Para ello, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, se ha desplazado esta semana hasta la capital europea. Allí se ha reunido con responsables de la Comisión Europea en esta cuestión y ha presentado un informe con los problemas más acuciantes de estas cuatro cuencas.
En este estudio, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, se desvela la “fuerte hipoteca” que la presión demográfica y socioeconómica desde las regiones del Levante está suponiendo en las cuencas del Tajo, Segura y Júcar sobre todo durante el último ciclo de planificación (2015-2021).
Pasa posteriormente a detallar estas hipotecas en cada una de las cuencas. Así, en el caso de la demarcación hidrográfica del Tajo, destaca la no consecución de los objetivos medioambientales y por tanto la imposibilidad de conseguir el buen estado ecológico de la cuenca. Siguen sin evaluarse las masas de agua y se incumple la obligación de la DMA de avanzar en la determinación de caudales ecológicos mínimos. Concretamente, se detalla que de las más de 300 masas de agua superficial identificadas en el plan tan sólo se fijan caudales ecológicos mínimos para 16.
Además, aclara que los denominados caudales mínimos establecidos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina no tienen un carácter ecológico, sino únicamente legal, por lo que no garantizan la mejora ambiental del tramo medio del río a su paso por la región. La situación se agrava por la inclusión de medidas en el tramo medio del río con un importe de 150 millones de euros, sin los estudios de viabilidad aún realizados y consistente en derivar agua en los meses de invierno (procedente del río Jarama, con un alto grado de contaminación), su almacenamiento en el embalse y su posterior devolución en los meses de verano.
En cuanto al trasvase Tajo-Segura, el informe denuncia la presión sobre la cabecera el Tajo en base al Memorándum aprobado sin participación pública, sin evaluación ambiental estratégica y fuera del proceso de planificación hidrológica de la cuenca. Sus principales consecuencias: limitar el desembalse máximo anual sin atender las necesidades actuales y futuras de la cuenca; imponer un “régimen no natural” al río; definir los excedentes trasvasables “poniendo en duda el cumplimiento del principio de prioridad de la cuenca cedente”; y establecer los umbrales de sequía en función de los niveles marcados por la reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura, lo que a su vez ha provocado la limitación al desarrollo de los municipios ribereños por su “paradójica falta de agua”.
Sobre el río Júcar, Fomento recuerda que su ámbito territorial lo completan varias cuencas adyacentes, incluyendo las intercomunitarias. En este caso, apunta un reparto inadecuado de la representación autonómica en los órganos de gobierno y por tanto en la toma de decisiones de la Confederación Hidrográfica, con “grave perjuicio” para Castilla-La Mancha. Según se apunta en el texto, el plan del Júcar distribuye los recursos de la demarcación con independencia de su sistema de origen lo que conlleva que se considere “deficitario” y sin embargo tenga excedentes que trasvasar.
Recuerda que tanto la Comisión Europea, en relación con la obra del Júcar-Vinalopó, como el Tribunal Supremo sobre el río Guadalfeo, reconocen que las demandas de la cuenca deben satisfacerse con carácter previo a eventuales trasvases, aunque estos tengan lugar en el ámbito territorial de la misma demarcación.
El equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo económico es uno de los principales problemas en el caso de la demarcación del río Guadiana. En el informe se avisa de que la escasez de agua tiene “afecciones muy importantes sobre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico”, especialmente en regiones como Castilla-La Mancha, donde el sector agrario tiene gran importancia y el desarrollo de la agricultura de regadío ha propiciado el mantenimiento socioeconómico de zonas desfavorecidas.
Tras remarcar la importancia de humedales como las Lagunas de Ruidera, los Ojos del Guadiana y las Tablas de Daimiel, destaca que el principal problema en este caso es la falta de inclusión de déficit en el Plan Hidrológico Nacional. De esta forma, el regadío soporta “fuertes limitaciones” que “ponen en peligro la supervivencia poblacional de pequeños núcleos en una región muy dispersa geográficamente y con escasas alternativas de desarrollo económico”.
Finalmente, en cuanto al plan hidrológico del río Segura, el estudio recuerda la asignación de 10 hectómetros cúbicos para el regadío social en la provincia de Albacete, una cifra “muy inferior” a la que demandan los regantes de la cabecera. Pero, además, añade que el establecimiento de una serie de condicionantes impide, en la práctica, la materialización de la reserva de esos regadíos sociales, lo que se une a las previsiones que contempla el plan para la regularización de regadíos: supondrá que el número de hectáreas a regularizar en la provincia de Albacete sea “insignificante si se compara con los que se regularizarán en Murcia”, contribuyendo a los “desequilibrios interterritoriales”.
Además de estas consideraciones, el Gobierno regional también ha hecho partícipes a sus interlocutores europeos de la lentitud en el ritmo del despliegue de la desalación en España, una tecnología que está llamada a reducir considerablemente la explotación del Tajo desde la cuenca receptora. Según los datos elaborados desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, España contaba en 2015 con un potencial de 332 hectómetros cúbicos mediante las 13 plantas desalinizadoras situadas en las costas de Alicante y Murcia pero únicamente produjo 158 hectómetros cúbicos, un 47 por ciento de la capacidad aprovechable real.
Las previsiones a medio plazo “no son mucho más halagüeñas”. En el horizonte 2021, la producción instalada aumentaría únicamente en 7 hectómetros cúbicos, hasta los 339 y el agua desalada subiría hasta los 193 hectómetros anuales, un 57 por ciento del potencial.