Un 17% de los hogares de Castilla-La Mancha en situación de pobreza energética tiene a su sustentador principal desempleado. Este es uno de los principales datos sobre la región que arroja el estudio “La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos”, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universidad de Barcelona entre los años 2011 y 2017. El estudio ha sido publicado por la Fundación Naturgy y presentado en el seminario sobre ‘Políticas y medidas contra la pobreza energética’.
Según la investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, de la Universidad de Barcelona, y elaborada por las investigadoras Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute, la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética en España aumenta un 9,3% cuando el sustentador principal está desempleado.
Bajo este contexto, concretan que la tasa media castellanomanchega alcanzó un pico máximo del 21,7% en 2014 y, a partir de entonces, descendió paulatinamente hasta el valor mínimo de 2017, un 14,4%. Entre 2011 y 2017, los ingresos anuales de estas familias fueron de 19.750 euros, con unos gastos anuales de energía de 1.398 euros. De hecho, se trata del mayor gasto en energía de España.
“Los datos demuestran que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza en general, y por ello las medidas para paliar la pobreza energética deben abordarse con políticas sociales, que permitan incrementar los ingresos de las familias, y con políticas de eficiencia energética, para promover la reducción del gasto”, explica el estudio.
Ingresos y rentas
La investigación plantea una aproximación a la pobreza energética desde la vertiente de los ingresos de los hogares, en base al análisis económico de la relación entre la pobreza energética, el consumo energético y los elementos vinculados a la renta de las familias.
A partir de la investigación de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, se puede configurar un perfil de los hogares españoles en situación de pobreza energética: están ubicados en áreas rurales o con menor densidad de población; viven en régimen de alquiler; en edificios de 25 años o más, y en zonas con condiciones meteorológicas extremas de calor o frío; y son hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en buena parte por mujeres.
Asimismo, la condición de desempleo del sustentador principal es el principal determinante de la pobreza energética. Además, los hogares en situación de pobreza energética suelen tener bajos porcentajes de familias que han terminado los estudios de educación superior.
En el caso de Castilla-La Mancha, dos de cada tres hogares en pobreza energética (64,9%) se ubican en edificios que tienen más de 25 años de antigüedad. Además, el 31,6% de las familias son unipersonales y un 2,9% monoparentales.
Esta es la radiografía de la situación en Castilla-La Mancha:
Otro de los aspectos que tiene en cuenta el informe es la comunidad autónoma, ya que la climatología y el perfil de los hogares de cada una de ellas es determinante a la hora de analizar la pobreza energética. En este sentido, aunque la tasa media nacional de pobreza energética para el periodo 2011-2017 fue de 8,3%, la mayor tasa la registró Castilla-La Mancha, que con un 17,4% duplicó la media. Por el contrario, Canarias (4,9%), País Vasco (5,1%), Asturias (6%) y Baleares (6,3%) fueron las comunidades con las tasas más bajas.
En el informe también se ofrecen algunos datos actualizados del año 2018 en cuanto a las políticas públicas llevadas a cabo desde las comunidades autónomas: Castilla-La Mancha prestó ayudas en ese año a un total de 6.019 familias, 3.526 de las cuales la habían tenido ya en alguno de los dos años anteriores, y se paralizaron 519 cortes de suministro energético. La ayuda para garantizar suministro energético es de 150 euros al año y en casos excepcionales se pueden recibir varias veces al año.