Si bien la región está presidida por una mujer, la condición real de la igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha ha sido puesta en cuestión por los resultados publicados en el informe Sombra 2008-2013. Este documento pone de manifiesto los resultados de la aplicación en España de la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW en su sigla en inglés). Más de 260 organizaciones, entre las que no se cuenta ninguna regional, firmaron los resultados de un trabajo llevado a cabo entre febrero de 2013 y 2014.
Respecto a situaciones específicas de Castilla-La Mancha el informe señala en su apartado denominado ‘Persistencia de discriminación y carencia de medios en la lucha contra todas las formas de violencia de género’, que muestra limitaciones de la región, como la desaparición de centros de información a la mujer en las áreas rurales de la región, o la situación del centro de la mujer de Ciudad Real que, al cierre del informe, se encontraba en riesgo de desaparecer, situación que finalmente se ha rectificado, si bien su reapertura se realizó sin contar con todo el personal exigido ni cumpliendo con los plazos de la concesión.
En el apartado referido a la política, el informe hace hincapié en que gracias a lo estricto de la ley electoral autonómica el parlamento regional se encuentre entre las instituciones regionales más cercanas a la paridad, señalando un porcentaje del 47,5%. El porcentaje total de mujeres en el Gobierno autonómico bajó de manera “paradójica”, como señala el documento, hasta alcanzar sólo el 29%, en contraste con la media que llega al 34,2%.
Finalmente, otro punto destacado por el documento es la importante diferencia del presupuesto destinado a igualdad en la región, que pasó de cerca de 26 millones en 2008 a superar apenas los 14 millones en 2013, con una diferencia de un 45,7%. Esto significa que se destinan apenas 6,6 euros a cada ciudadano en materia de igualdad, o, en términos porcentuales, un 0,19% del presupuesto total. El informe señala también que la región, junto a Aragón, Extremadura y Castilla-León, está entre aquellas que sólo realizan interrupciones voluntarias del embarazo en centros privados.