En pleno debate en Europa sobre el papel de los refugiados y la apertura o cierre de puertas a quienes huyen de países que incumplen sistemáticamente los derechos humanos, Amnistía Internacional ofreció ayer un nuevo testimonio de la mano de Alfamir Castillo. Esta colombiana, madre de cinco hijos, reside en nuestro país desde la primavera pasada dentro del Programa de Protección Temporal de Defensoras/es de Derechos Humanos deAmnistía Internacional, está acogida por el Grupo de Jaén.
Su ‘delito’ para huir del país es doble. Por una parte su hijo fue asesinado por el ejercito colombiano dentro de los llamados ‘falsos positivos’ fue identificado como guerrillero y murió tras recibir siete disparos por la espalda. De otra parte es presidenta del Comité de Mujeres de Corteros de Caña de Colombia, una organización que defiende los derechos de los trabajadores que trabajan el azúcar y que veían como sus derechos iban desapreciendo.
“Yo llego aquí a España y quien me recoge de Amnistía me dijo tu vas a Jaén, es un pueblo chico, pero sé que vas a estar bien”, comenta cuando se le pregunta por su llegada a nuestro país. “Lo importante era estar bien en el sentido de que puedes salir a la calle, sin preocupación de que salgas y que alguien te vaya a pegar un tiro, que puedes tomarte un helado donde quieras”, comenta Castillo, que indica que estará un año en nuestro país que le servirá para “desoxigenar” y “replantear que va a pasar” con su vida.
Las amenazas de muerte que tiene en su país provienen de uno de los asesinos de su hijo. Fueron condenados siete militares a más de 40 años por el asesinato de su hijo, de otro joven de su pueblo y el intento de asesinato de otro colombiano más. Son cinco soldados y dos cargos, entre ellos el que dio la orden de atrapar a los jóvenes, sacarlos del pueblo y dispararles. Pero ninguno ha entrado en la cárcel por unos hechos ocurridos en 2008 y cuyo juicio comenzó en 2010.
De hecho uno de los siete huyó de la base militar cuando iba a ser encarcelado y desde entonces comenzó una ‘caza’ a ella y su familia. Primero en Palmera, su municipio, donde no podían salir a casa y recibían el comentario de que hay “un león suelto suelto que les va a matar”. Alfamir cuenta con tres hijos en el país. Después en otras ciudades a dónde fue huyendo de estas noticias, y en dónde las amenazas se volvían a reproducir hasta llegar a nuestro país.
“Nuestras cabezas tenían precio”, afirma Alfamir Castillo, que señala a su país que mientras permite estas amenazas y la huida de los condenados, asciende a los encargados de la base de donde salieron los militares que mataron a su hijo. “Yo no asesiné a mi hijo, lo asesinó el ejercito colombiano”, afirma esta colombiana, que ve como ella está en la cárcel del exilio y su familia en la de sus propias casas mientras los implicados pueden hacer una vida normal.
“Esto ocurre y no solo en mi país”, señala Alfamir Castillo. Su testimonio es el de una víctima que pide “que se haga justicia” y mostrar a los jóvenes y familias que esto puede seguir ocurriendo en otros países del Mundo.
Cuando se le pregunta por el cierre de puertas a quienes como ella necesitan un refugio temporal para continuar con la defensa de los Derechos Humanos, Alfamir Castillo recuerda sus palabras de inicio “lo importante es que puedo salir a la calle, estas personas no lo pueden hacer en su país” y hay que “abrir las puertas”.