El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la creación de la Asociación de Denominaciones de Origen Vinícolas (ADOVIN) que aunará a las nueve DOs del vino con que cuenta nuestra región en torno a una estrategia común en materia de protección y promoción y cuyos estatutos podrían aprobarse antes de que finalice este año.
Así lo ha avanzado el máximo responsable autonómico de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras participar en Bérgamo (Italia) en la Conferencia G7GI que, como preludio al encuentro que mantendrán este fin de semana en la ciudad lombarda los ministros de agricultura del G7, ha tratado de manera monográfica la intensificación de las medidas de protección a nivel internacional de las indicaciones geográficas (IP) de carácter agroalimentario.
Martínez Arroyo ha adelantado que ADOVIN –en la que participarán las DOs La Mancha, Méntrida, Manchuela, Valdepeñas, Jumilla, Almansa, Ribera del Júcar, Mondéjar y Uclés- servirá de herramienta para “blindar nuestros nombres” ante terceros países con los que se están alcanzado acuerdos, “para que nadie pueda usarlos y confunda a los consumidores”.
Asimismo, la nueva asociación regional será de especial utilidad para aunar todas las iniciativas en materia de promoción del vino que se están desarrollando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a favor de “la planificación que apuesta por la calidad desde la uva al vino”.
En este sentido, Martínez Arroyo ha agradecido la colaboración de las nueve denominaciones de origen implicadas en el desarrollo de esta estrategia de apoyo al sector vitivinícola; un sector “cada vez más competitivo y rentable” y cuyo horizonte se encuentra en una facturación de 2.500 millones de euros en el plazo de entre 5 y 10 años, lo que supondría el incremento de un 4 por ciento del PIB regional.
Un manifiesto para proteger a las IG
La reunión de organizaciones de indicaciones geográficas (IG) de los países del G7 que se ha celebrado en Bérgamo ha permitido aprobar un manifiesto en el que se considera a los productos agroalimentarios, vitivinícolas y las bebidas alcohólicas de las indicaciones geográficas como un “un activo económico y cultural” para sus áreas de producción y por eso creen que deben ser protegidos para salvaguardar su calidad y singularidad. Sirven para “frenar el éxodo rural”, entre otras cosas
El sistema de indicaciones geográficas, señala dicho manifiesto, representa “un modelo interesante y ejemplar” a reproducir en otros contextos socioeconómicos “para hacer frente a los retos mundiales que supone el desarrollo sostenible” y por este motivo el manifiesto muestra la “preocupación” de los firmantes ante un creciente proceso de “imitación y abuso” en torno a las indicaciones geográficas en el comercio internacional.
Por eso piden “una mayor atención” por parte de las autoridades públicas de los países del Grupo del G7 y de la comunidad internacional para crear un Sistema de Protección Multilateral para las indicaciones geográficas protegidas que sea claro y transparente de cara a productores y consumidores.
También han pedido que se sigan promoviendo y defendiendo las IG como Derechos de Propiedad Intelectual, así como un estudio y estudio en profundidad de su contribución positiva a la sostenibilidad económica y ambiental y a la lucha contra el cambio climático. Finalmente solicitan un aumento de los recursos financieros destinados a reforzar las indicaciones geográficas a través de modelos y sistemas de gobernanza eficaz, en áreas caracterizadas por el subdesarrollo y los conflictos.
El consejero castellano-manchego ha expresado su satisfacción por el documento político elaborado por los participantes en la Conferencia G7GI que precisamente hace hincapié en la apuesta por las indicaciones geográficas agroalimentarias y, en concreto, por “vincular el vino de mayor calidad al origen”.