La entrada de Podemos en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que se hizo efectiva el pasado mes de agosto, ha sido el primer pacto de este tipo realizado en una comunidad autónoma. Los rostros más conocidos que han simbolizado este acuerdo, realizado para salvar los presupuestos de 2017, son el nuevo vicepresidente segundo, José García Molina (líder la formación morada en la región) y la nueva consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz. Después, José Luis García Gascón fue nombrado director general de Participación Ciudadana, adscrito al departamento de Molina. Junto con ellos, han sido contratados otros asesores, cuyas declaraciones de actividades, bienes y rentas que percibieron en el ejercicio pasado ya han sido publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, junto con otros 188 gestores públicos de la Junta.
En primer lugar, José García Molina refleja en su declaración del pasado mes de agosto (cuando tomó posesión) un total de 41.655,88 euros netos como vicepresidente primero de las Cortes a los que se suma 13.407 euros en concepto de indemnizaciones como diputado regional. Se incluye asimismo el fondo de inversión de 60.000 euros que suscitó cierta polémica el pasado septiembre por no haberse incluido en la primera declaración. Después, fue rectificado.
Por su parte, Inmaculada Herranz, que presentó su declaración al mes siguiente, declara 35.617,90 euros netos en su puesto como profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a los que se suman 457 euros por dietas por comisiones de servicio en esta institución académica. Tanto García Molina como Herranz han renunciado a los coches oficiales y se han limitado los salarios.
El nuevo director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, declara asimismo 10.901 euros por proyectos sociales y de cooperación, y 5.953 euros en el apartado de subvenciones o indemnizaciones. Dispone de dos cuentas bancarias con 20.771 euros y ningún patrimonio inmobiliario.
Entre los asesores se encuentra Francisco José Gil en la Vicepresidencia Segunda de José García Molina. En su declaración de rentas aparecen 25.029 euros por su trabajo como profesor interino, además de sus puestos en las Cortes regionales y en el Congreso de los Diputados, donde ha sido asesor de los grupos parlamentarios de Podemos en ambas cámaras. Tampoco declara ningún patrimonio inmobiliario.
Julio Pérez del Campo, jefe de gabinete del vicepresidente segundo, declara 24.053 euros por su antiguo puesto en el Parlamento castellano-manchego, donde fue adjunto a la Vicepresidencia cuando Molina ocupaba ese cargo en las Cortes; 2.545 euros por la UNED y 15.872 euros en dos cuentas bancarias.
Asesores de Inmaculada Herranz
El jefe de gabinete de Inmaculada Herranz, Roberto Moreno, declara 20.787 euros de la Asociación Llere, otros 10.232 euros de la Universidad regional, 614 euros por dietas de esta institución académica, 265 euros por ponencias y 21 euros por rendimiento de derechos de autor en la SGAE. Tiene un domicilio en Burguillos de 115 metros cuadrados comprado en 2006, con una deuda hipotecaria de 83.146 euros y dos cuentas bancarias por valor de 3.730 euros. Moreno fue también miembro de Izquierda Unida.
También figura como asesora de la consejera del Plan de Garantías Beatriz Esteban Ramiro, con 21.266 euros de declaraciones por sus trabajos en Cruz Roja, SEPE y la Universidad de Castilla-La Mancha. No dispone de hipoteca y declara 6.118 euros en cuentas corrientes. Otro asesor de Inmaculada Herranz es Rafael Almoguera, en cuya declaración de bienes figuran 10.712 euros en pensiones, becas o indemnizaciones; dos cuentas corrientes por valor de 3.396 euros y un depósito a plazo fijo de 15.000 euros.
Finalmente, Carolina Rodríguez, asesora de la Vicepresidencia Segunda, declara 15.133 euros por su trabajo el El Retorno Producciones y dos cuentas bancarias por valor de 4.089 euros. Dispone de la cuarta parte de un inmueble en Móstoles, recibido por herencia.