El decreto 287/2004, que regula la estructura territorial de las Zonas y áreas de Servicios Sociales y la estructura del Sistema Público de Servicios sociales de Castilla-La Mancha señala que los servicios de la zona se prestarán por personal especializado en la materia de que se trate, la zona estará dotada al menos de un asistente social o una persona diplomada en Trabajo Social, según el artículo 16 de los Servicios Sociales Generales. Sin embargo, en la negociación que se sigue llevando a cabo entre sindicatos y el Gobierno regional, seis zonas se quedarían sin trabajador social. Un total de 18 trabajadores sociales, o su equivalente, tendrían que abandonar su trabajo, según apunta el sindicato STAS.
No son estas las únicas plazas que peligran. Un total de 183 plazas podrían eliminarse, según la propuesta emitida por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de las cuales 86 corresponden a trabajos de interinos. Los sindicatos indican que el departamento de José Ignacio Echániz terminará eliminando alrededor de un 90% de estos puestos de trabajo. Ya se han negociado en las Consejerías de Educación, Fomento, Hacienda y Presidencia, pero en el caso de los Servicios Sociales, la situación es más dramática. Gustavo Fabra, de STAS, apunta que las propuestas se llevan a cabo “sin ningún tipo de sensibilidad”, incluso en el caso de los centros de menores.
STAS afirma que la intención de la Junta de Comunidades es eliminar todas las plazas de los interinos despedidos en agosto de 2012. A pesar de que el Tribunal Supremo señaló que deben reincorporarse a sus puestos de trabajo, los sindicatos sólo han conseguido mantener unas cifras que han calificado como “ridículas” en todas las Consejerías afectadas: en el caso de Educación han sido cinco interinos, en el departamento de Fomento seis, en Hacienda sólo una y en el caso de presidencia, el recuento llega a dos.
La situación que compete a los Trabajadores Sociales se complica en el caso de las áreas rurales, puesto que con las supresiones, un trabajador social se vería obligado a tratar varias zonas a la vez. En el caso del profesional de la zona de Alcubillas, tendrá que atender también las de Albadejo y Torre de Juan Abad, mientras que otro tendría que hacerse cargo de Uceda y Torrejón del Rey, en la provincia de Ciudad Real. Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha apuntaron ya en diciembre que, no sólo la supresión es completamente desigual, sino que supone ya un desmantelamiento absoluto del Sistema de Servicios Sociales.