Prosigue el debate entre demolición y patrimonio en el núcleo rural del ya catalogado como “Despoblado de Fraguas” del término municipal de Monasterio (Guadalajara), en el Parque Natural de la Sierra Norte, en el que actualmente permanecen algunos de los repobladores que fueron condenados por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación del monte público. El colectivo ‘Fraguas Revive’ se ha hecho eco de una nueva iniciativa que apunta a la importancia del patrimonio de la zona, frente al objetivo de la Administración autonómica de demoler parcialmente las construcciones de los repobladores en aplicación de la sentencia de 2018.
Se trata de una petición de intervención arqueológica que ha realizado un grupo de investigadores de universidades de España (Universidad de Zaragoza) y América (Cornell, de Estados Unidos y la UCC de Bogotá), junto a la asociación ARTIBORAIN y representantes del movimiento social “neorural”. Todos ellos constituyen un equipo técnico multidisciplinar con el objetivo de realizar un estudio científico en Fraguas, y así determinar el valor patrimonial existente.
En esta petición, según ha podido consultar elDiarioclm.es, se solicita permiso para realizar un “estudio multidisciplinar” sobre el estado actual del patrimonio en la localidad. Según recalca, el trabajo se centrará en un estudio de arqueología de la arquitectura, a través de la lectura de parámetros y será completada con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Naturales. Los solicitantes engloban la solicitud en el marco del proceso jurídico-administrativo sobre las acciones de repoblación.
Según apunta ‘Fraguas Revive’, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha negado el informe al abogado de la defensa y otros profesionales de la arqueología. Hasta no presentar la solicitud de intervención arqueológica, el único informe, señalan, que han podido consultar es el entregado a la defensa realizado por la empresa TRAGSA (encargada del derribo), para la que Fraguas “no tiene ningún bien susceptible de ser patrimonio y por ello, pretende ejecutar el derribo a ras del suelo como indican en su presupuesto”.
La petición de las universidades se suma a la intervención del CSIC-INCIPIT (Centro Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias del Patrimonio), Órgano Consultivo en la Ley de Patrimonio, que remitió una carta dirigida al juzgado de Guadalajara competente en la que considera “necesario” que se lleve a cabo una “investigación independiente antes de que se proceda al derribo”.