El coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, y el secretario de Organización en Ciudad Real, Jorge Fernández, han mantenido esta mañana una reunión con el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, para abordar las denuncias que la formación política ha venido realizado sobre represión y vigilancia policial a integrantes de esta formación política. Una reunión que ha concluido sin acercamiento de posturas, ha explicado Jorge Fernández a El CRisol, quien explica que el subdelegado ha alegado que las sanciones administrativas han bajado y que es falso que un Policía Nacional se personase dentro de su jornada laboral a la asamblea vecinal que Izquierda Unida celebró la pasada semana en el centro social del Larache.
Esta asamblea fue el detonante de esta reunión, que viene después de los 400 euros de multa impuestos a dos manifestantes por grabar en vídeo a dos policías cuando estaban identificado a una tercera persona en una manifestación, los juicios celebrados por la protesta en la reinauguración del Museo Provincial o los juicios también desarrollados por los denominados ’11 del helicóptero’, sancionados durante la inauguración de la rotonda con la aeronave cedida por el ejército en Ciudad Real.
“Hemos planteado nuestras demandas y ha negado la mayor, ya que considera que nuestras declaraciones y nuestras denuncias son exageradas”, ha comentado el coordinador local de Izquierda Unida, quien afirma que Rodrigo ha dicho que “nada” de lo que dice Izquierda Unida sobre represión “es verdad”. “Hay muy pocas sanciones administrativas”, dice Fernández que les ha indicado el subdelegado,quien ha recordado que él “no es responsable de los juicios penales”, pese a que la Policía “depende del Ministerio de Interior y el juicio va acompañado de sanción administrativa, que cesa por el procedimiento penal”, recuerda por su parte el secretario de Organización local. En este sentido, el coordinador local une la ausencia de sanciones administrativas con los recursos planteados, ya que al recurrir o llegar a juicio se paralizan los expedientes administrativos, que continúan en el tiempo hasta que se archiven.
Respecto a la reunión del barrio del Larache, Rodrigo, explican desde IU, les ha comentado que el Policía Nacional que estuvo en la reunión “estaba fuera de servicio y no estaba haciendo labor de vigilancia, le entró curiosidad” y se acercó a la asamblea vecinal de la formación política. Fernández ha indicado que dudan de “esa versión”, para comentar que “reconocen la presencia de la Policía” en un acto de Izquierda Unida dentro de unas instalaciones municipales, aunque aleguen que fuera “movido por su interés personal”.
“Las posiciones están muy alejadas”, ha indicado Fernández, quien asegura que se están “violando derechos humanos”, “en el ámbito de los derechos fundamentales”, que llevan a crear “un desaliento” y que “la gente tenga miedo a manifestarse y ejercer sus derechos”. Un razonamiento negado en la reunión que no ha finalizado con “ningún compromiso de no continuar con este tipo de prácticas” ni “el más mínimo indicio de rectificación ante lo que viene sucediendo”, ha dicho el secretario de Organización. Así, para IU, “el subdelegado opina que la labor que se está haciendo es poco restrictiva”, comentando que “hay conductas que no ve bien”, como la grabación de Policía Nacional en una concentración informada, por lo que consideran que la reunión es fruto de “la pura cortesía” de una administración de dialogar con la “tercera fuerza política” de España.
Así, con esta diferencia de pareceres, Jorge Fernández ha indicado que desde Izquierda Unida seguirán dando cobertura legal “a todas las víctimas de violación de sus derechos fundamentales” y animado que ante una sanción administrativa “no se callen”para evitar la “limitación” de los derechos a la concentración, reunión o manifestación que pretende el Gobierno.