La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha avanzado que la Junta de Comunidades trabaja en dos recursos. El primero, en contra del nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos aprobado hoy por el Gobierno de España mediante una orden del Ministerio de Agricultura firmada el pasado viernes pero que se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado. En este sentido, de la Cruz ha señalado que el recurso anterior se presentará en la Audiencia nacional la semana que viene, mientras el equipo jurídico de la Junta y de la Agencia del Agua regional trabajan en uno similar para el último trasvase aprobado.
De la Cruz ha señalado que el Gobierno regional está dispuesto a dialogar con el Gobierno de España para estudiar “alternativas viables” al trasvase, ya que considera que si se sigue trasvasando así no va a haber agua “ni para Castilla-La Mancha ni para la cuenca del Segura”. Sin embargo, durante estas negociaciones, se luchará en los tribunales en contra de las derivaciones que se producen, teniendo en cuenta las condiciones actuales de los embalses de Buendía y Entrepeñas.
El segundo recurso, es uno de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada Ley de Montes, que entra en vigor el próximo 21 de octubre, al considerar que se utiliza como herramienta “impropia” para trasvasar agua, a pesar de los bajos niveles de agua embalsada que presentan los pantanos de cabecera. En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de mantener una actitud “prepotente y dictatorial”. De la Cruz ha señalado que este último trasvase es un “ninguneo” y una “falta de sensibilidad”, en especial en contra de los municipios ribereños que se han manifestado esta semana contra el trasvase anterior. Además, ha culpado al Gobierno de Rajoy de mantener un secretismo “inaceptable” en la aprobación de este nuevo desembalse.
La consejera de Fomento ha añadido también que el Gobierno considera que el límite de los 400 hm3 que plantea el Memorándum del Trasvase del Tajo-Segura y la Ley de Evaluación Ambiental es insuficiente, ya que “no hay más que mirar los embalses”. De igual modo, ha invitado al PP de Castilla-La Mancha y a la propia ex presidenta Cospedal a dejar de jactarse de que “esa cifra es un logro” y ejercer su influencia con Rajoy para apoyar al Gobierno de Emiliano García-Page en la consecución de un diálogo que sirva para aumentar el caudal del río.
Elena De la Cruz ha afirmado también que se han vuelto a utilizar datos obsoletos para justificarlo. En esta ocasión, el Gobierno de España emplea en la orden ministerial datos correspondientes al 1 de agosto, cuando Entrepeñas y Buendía almacenaban 402 hectómetros cúbicos mientras que ahora apenas llega a los 375 hectómetros, 25 por debajo de los 400 que establece la ley como mínimo para poder trasvasar.
El trasvase Tajo-Segura se incluyó en la Ley de Montes por parte del Grupo popular en el Congreso de los Diputados para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó varias disposiciones del mismo, debido a un recurso impuesto por Aragón. El Constitucional permitía, sin embargo, seguir aplicando las reglas del memorándum mientras se subsanaba el trámite.