La Junta de Castilla-La Mancha deberá reiniciar el proceso de sanción al propietario del castillo de Galve de Sorbe, debido a un error a la hora de identificar al titular legítimo del monumento. Los técnicos de la Delegación Provincial de la Junta, durante una reunión mantenida este jueves con miembros de la Asociación Castillo de Galve, admitieron la equivocación del Gobierno regional cuando el pasado septiembre decidieron incoar un expediente de sanción, por infracción al patrimonio, a Enrique Calle Donoso, antiguo dueño del castillo. La Junta no comprobó entonces que éste había traspasado la titularidad del edificio en 2006 a una sociedad denominada “Solana de Galve, S.L.”, cuyos administradores son dos familiares suyos: Enrique Calle Pinker y David Calle.
Los técnicos de la Delegación Provincial se percataron de la confusión tras confirmar la titularidad a través del Registro de la Propiedad. Este fallo obliga a la Junta a volver a incoar el expediente sancionador a la sociedad que figura como propietaria del castillo, por lo que el anterior expediente, que debía haberse ejecutado a finales de marzo, queda invalidado. Sin embargo, la nueva sanción ni siquiera está aún aprobada. Se encuentra a la espera del visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura. A partir de ahí, el trámite se alargará, al menos, otros seis meses.
La Asociación Castillo de Galve considera que se trata de un error grave y una falta de responsabilidad injustificable por parte de la Junta. “Resulta inconcebible que todo un Gobierno autonómico se disponga a sancionar a un ciudadano por considerar que está atentando contra el patrimonio, y que no se moleste en comprobar la titularidad efectiva del inmueble. Es una chapuza lamentable propia de un gobierno incapaz de cumplir con sus obligaciones”, señala Raúl Conde, presidente de la asociación galvita.
En la reunión celebrada ayer en la sede del Gobierno regional en Guadalajara, técnicos de Cultura reconocieron a los miembros de la asociación haber recibido “presiones políticas” que han entorpecido el proceso, sin concretar el origen y las causas de las mismas. La Asociación Castillo de Galve considera este hecho inaceptable, y se pregunta por qué el Gobierno de Castilla-La Mancha ha esperado al final del proceso sancionador al titular del castillo para cerciorarse de su identidad.
En febrero de 2014, José Luis Condado, delegado provincial de la Junta, anunció un expediente sancionador al propietario del castillo, un compromiso ratificado a lo largo del último año. “La sanción no va a llegar ya antes de finales de mayo, así que podemos decir que el castillo de Galve ha perdido otros cuatro años, en los que su deterioro se ha agudizado”, indica Rosa María Herrero, secretaria de la asociación.
Los representantes de la entidad galvita también manifestaron su enfado por la falta de información en un proceso en el que están considerados oficialmente “parte interesada” y que, sin embargo, está marcado por la opacidad. Además, también lamentaron el hecho de que en los últimos cuatro años ningún cargo ejecutivo de la Administración regional haya querido recibirles, pese a haber solicitado entrevistas con el consejero de Cultura y con el delegado provincial en reiteradas ocasiones.
Por otro lado, con relación a la documentación que la Defensora del Pueblo exige a la Junta sobre el castillo de Galve, y que ésta aún no ha remitido pese a haber recibido varios requerimientos, los técnicos alegaron que desde la Dirección General de Patrimonio no les han reenviado las solicitudes de la Defensora.
El asunto se remonta a la queja formulada por la Asociación Castillo de Galve ante la Defensora del Pueblo en diciembre de 2013 debido al estado deplorable del monumento. En los últimos seis meses, la institución estatal ha comunicado a la asociación en tres ocasiones su disgusto por la “tardanza” –en expresión literal- del Gobierno regional en enviar los informes, pese a haberlos reclamado por vía de urgencia.
“La respuesta a este inexplicable retraso por parte de la Junta es insólita. Los técnicos de la Delegación achacan la demora a que la propia Consejería no les envía los escritos de la Defensora. Es surrealista. Da la impresión de que son dos instituciones diferentes, cuando por supuesto es la misma y, por tanto, el hecho revela una falta de coordinación evidente”, subrayan desde la asociación de Galve.