El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado dos sentencias del juzgado de lo Social que obligan a la Junta de Comunidades a pagar a dos conductores que eran trabajadores de la misma un total de 118.467 euros (más 1.000 euros por costas judiciales del proceso).
El proceso procede del despido realizado por parte de la Junta de Comunidades en febrero de 2013 de dos conductores del parqué móvil del Gobierno a los que se les avisó de su despido vía mensaje de texto en su móvil: se les pidió que acudieran, con menos de 24 horas de antelación, a firmar su cese del puesto de trabajo, sin explicarles motivos ni dar más razones. No se les entregó carta de despido y la única información que se les dio en persona fue por parte del Jefe de Personal de la Consejería que les señaló su marcha cuando firmaron el cese del puesto de trabajo.
Estos despidos fueron recurridos por el Sindicato de Trabajadores de la Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM) y el juzgado de lo Social de Toledo había emitido una primera sentencia, ahora ratificada por órgano superior. Los despidos, declarados improcedentes, vulneran el Convenio Colectivo del sector y el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores que explica que en caso de extinción de contrato, se debe notificar por escrito a los trabajadores indicando los hechos por los que se producen y la fecha a partir del despido.
Para el sindicato, la sentencia demuestra la incompetencia del director general de Función Pública, máximo responsable de personal de la Junta, para desempeñar sus funciones. También lo ejemplarizan con la reciente sentencia a la Junta de aceptar a los interinos despedidos en agosto de 2012 por vulneración de negociación colectiva, algo por lo que piden que se depuren responsabilidades políticas para que se dejen de producir estos problemas “que al final tenemos que pagar los ciudadanos. Que cesen al que puede ser calificado como el más nefasto director general de la Función Pública en la historia de la Junta”.
“El Gobierno de Cospedal vuelve a recibir un nuevo varapalo judicial por incumplir el derecho de los trabajadores, reflejando la prepotencia de la Junta al tramitar los ceses de personal. Al final acaban suponiendo un importante desembolso de dinero público”, han indicado desde el propio sindicato.