La Junta pide al Gobierno central que prorrogue el Pacto contra la Violencia de Género, cuya vigencia termina en 2022

La vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género finaliza en 2022 y el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha querido apremiar al Ejecutivo central para que prorrogue este acuerdo y lo dote de financiación suficiente para su implementación. Así lo ha pedido la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, tras anunciar que el Ejecutivo regional también se va a personar como acusación popular en el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género en Alovera (Guadalajara) el pasado 29 de mayo, como ha realizado en anteriores crímenes machistas o lesiones por violencia de género.

Según ha afirmado, el año que viene es el último de los cinco de vigencia de este Pacto de Estado, que ha dotado a las comunidades autónomas de presupuesto “añadido, aunque a veces no suficiente”, y que ha permitido mejorar los sistemas de atención a las víctimas. “Estas políticas están siendo muy importantes y Castilla-La Mancha ejecuta prácticamente el cien por cien estos fondos”, ha subrayado.

Por ello, ha dicho que esta medida dejaría de tener sentido si finaliza en 2022 porque “no habrá servido para gran cosa, más que quizás un parche”. Ha pedido así al Gobierno que se prorrogue y que lo financie adecuadamente, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio de Igualdad va a reconocer la violencia sexual como violencia de género. “Es lógico que así lo haga y también que se financie incrementando su presupuesto, porque así protegemos mejor a las víctimas y las ayudamos en sus oportunidades fuera del circuito de la violencia”.

Finalmente, Blanca Fernández ha recordado que desde el año 2001, cuando se aprobó la Ley de Prevención de Malos Tratos, Castilla-La Mancha ha ejercido la acusación popular en 40 ocasiones: 34 asesinatos machistas y 6 lesiones graves. Desde 2003, han sido 1.111 las mujeres asesinadas en crímenes de violencia de género, 48 en Castilla-La Mancha.