El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha anunciado la intención de la Junta de potenciar la lucha contra la pobreza infantil duplicando los fondos, para evitar “que los más pequeños sufran este problema social”. Este anuncio se produce mientras el último informe de UNICEF sobre esta cuestión desvela que la inversión total en políticas relacionadas con la infancia ha bajado más de un 30% en Castilla-La Mancha desde el año 2010 y más de un 27% en el caso de la inversión por niño.
Echániz ha recalcado, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que “el Gobierno de Cospedal tiene un compromiso especial con los más pequeños, que hoy se puede materializar con 2,16 millones de euros, lo que supone un millón más que el año anterior”. Ha asegurado que “es un esfuerzo especial el que se tiene desde Sanidad y Asuntos Sociales para atender a los más vulnerables”.
Este anuncio contrasta con los datos aportados por el informe “La infancia en los Presupuestos. Estimación de la inversión en políticas relacionadas en España y su evolución entre 2007 y 2013” del Centro de Estudios Económicos Tomillo para Unicef. En el mismo se desvela que la inversión total en políticas relacionadas con la infancia reflejada en los Presupuestos castellano-manchegos pasó de los 2.344 millones de euros en 2010 a 1.625 millones en 2013, es decir, una reducción del 30,6%.
Se trata de un descenso que aparece también reflejado en la inversión concreta por niño calculada en el informe, que pasa en el caso de Castilla-La Mancha de los 5.692 euros en 2010 a los 4.129 en 2013, es decir 1,7 puntos menos y una variación porcentual del 27,4%. En ambos casos, se trata de términos absolutos analizados conforme a diferentes partidas de los presupuestos públicos relacionadas con la políticas de infancia.
Precisamente, este informe pone de manifiesto una “falta de sensibilidad” de todas las administraciones públicas del país hacia la infancia, “a juzgar por la falta de claridad con la que presentan la información de los recursos económicos destinados a la población infantil en cada uno de sus presupuestos”.
El centro de estudios constata que mientras que las políticas educativas y las relacionadas con la salud y el bienestar social de la infancia aumentaron entre 2007 y 2010 para después caer en 2013 a niveles similares a los de 2007, la protección social de los niños y niñas, tras aumentar en el primer tramo del periodo, se mantiene estable entre 2010 y 2013.
Recuerda asimismo que de la inversión total en infancia que realizan las administraciones públicas españolas, la Administración General del Estado es responsable de un 12% mientras que el conjunto de las comunidades autónomas es responsable del 88%, por lo que asegura que el esfuerzo de las regiones debe ser mayor en sensibilidad y transparencia.