¿Cómo se legisla un procedimiento de emergencia ciudadana? La proposición de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que Podemos Castilla-La Mancha presentará esta semana pinta una situación muy difícil en la región, que coincide con las denuncias y advertencias que gentes sociales, sindicatos, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro han hecho a lo largo de los años de la crisis. De este modo, la formación política destaca el porcentaje de personas en la región que se encuentra en riesgo de exclusión social, que llega al 36,9%.
Los datos en relación a la pobreza, que vienen de la misma Comunidad Europea, apuntan a que la situación de los ciudadanos ha sufrido un “grave empeoramiento”, alcanzado cifras peores a las que se daban antes de la crisis. En este sentido, el partido político señala que en 2010 la población infantil en situación de pobreza llegaba al 27%, mientras que en 2014 se elevó a un 43,4%, según la tasa AROPE, a lo que la formación une un problema que califican como “gravísimo, que es del desempleo. Las cifras son igualmente preocupantes, señala la formación, en relación al desempleo juvenil, ejecuciones hipotecarias, pobreza energética.
Además, el partido señala que las políticas de recorte social han tenido una “gran incidencia” en cuestiones “tan esenciales” como las ayudas a la dependencia, la Sanidad y la Educación. No sólo eso, sino que Podemos ha señalado que los procedimientos castellanomanchegos han sufrido “graves retrasos” en su tramitación o, incluso, falta de fondos para hacer frente a estos pagos. Además, las Ayudas de Emergencia Social tienen el mismo presupuesto en 2015 que en 2010, a pesar de que el número de solicitudes ha crecido. El 20% de las mismas se quedó pendiente de tramitar en 2014.
“En este contexto”, señala Podemos, “deviene en fundamental que la Administración actúe para procurar que se garantice la efectividad de la prestación de servicios públicos”. Y la ley que proponen servirá, aseguran, para paliar la “insuficiencia del derecho normal” que tiene para alcanzar la finalidad pretendida, ya que ya no sirve sólo que las leyes se muevan de forma rápida, eficaz y eficiente, sino que se necesita “urgencia”. Para esto, Podemos señala que se debe abandonar los procedimientos normales y pasar a los excepcionales.
¿Se pueden convertir estos procedimientos en Ley, o, lo más importante, tiene la Comunidad las competencias para ello? Podemos estima que sí. De hecho, ya el actual Estatuto de Autonomía señala en diversos artículos que es competencia exclusiva de la región el supervisar la asistencia social, los servicios sociales, así como la promoción a menores, jóvenes, emigrantes, minusválidos y otros grupos sociales “necesitados de especial atención”, en lo que se incluye también centros de reinserción y rehabilitación.
En la proposición de Ley, Podemos señala que para llevar a cabo estos procedimientos sería necesario reducir a la mitad los plazos de tramitación de estos procesos, algo que debe ir motivado por razones “de interés público” que, para el partido político, es “evidente y no necesita más desarrollo”. Para esto, la Ley señala que la administración se debe dotar de recursos humanos suficientes en aquellas unidades que gestionan y tramitan los Procedimientos de Emergencia Ciudadana para garantizar la “eficacia” y “eficiencia”.
Finalmente, el partido señala que los Procedimientos de Emergencia Ciudadana tendrá prioridad de pago, lo que significa que los pagos serán los primeros en producirse después de pagar a lo trabajadores. Los altos cargos no recibirán los pagos de dietas u otro tipo de beneficios, hasta que no se pague a los solicitantes. Y, Podemos asegura que no habrá un coste adicional para las administraciones, ya que se trata, simplemente, de “gestionar mejor los recursos ya existentes y de eliminar trabas burocráticas”.