Lucía Ixchíu habla desde España sobre Guatemala. En concreto sobre la que llama firmemente la “Ley de odio”, una legislación contra la que se está movilizando junto a Amnistía Internacional para denunciar que “criminaliza” la decisión de interrupción voluntaria del embarazo entre las mujeres, además coartar otro tipo de libertades como la del matrimonio igualitario, la educación sexual y reproductiva y que, en definitiva, “criminaliza” la diversidad. Ixchíu es una mujer K’iche, originaria de Totonipacangua, en Guatemala, y es una referente del activismo de Centroamérica, sobre todo por su trabajo desde el feminismo y como defensora del territorio. Es también periodista.
“En el contexto de pandemia hubo 19.000 embarazos entre niñas de 10 a 14 años”, recalca la activista, que lamenta que la ley se aprobó justamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Guatemala es un país que no es un país, es una finca colonial que en vez de reducir la pobreza, la aumenta”, lamenta. Añade: “Es uno de los países más violentos de América Latina y es una realidad que vive toda la región centroamericana”. Las mujeres sufren de violencia, son asesinadas y desaparecen, afirma.
Ixchíu ha realizado una gira por distintos centros educativos de Castilla-La Mancha, Extremadura y también Andalucía, pasando por las localidades Los Navalmorales (Toledo), Horcajo de los Montes (Ciudad Real), Almagro (Ciudad Real), y Pozo Cañada, en Albacete. Junto a Amnistía Internacional, organización que la ha ayudado en conseguir el grado de protección internacional que necesitaba para llegar a España, han querido poner al alumnado en contexto de los conflictos de crisis humanitaria que ocurren también en Centroamérica, no sólo en Ucrania o Afganistán.
Empezando por la llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que Ixchíu afirma se ha impulsado por los sectores fundamentalistas y religiosos, así como desde movimientos como 'Mi familia importa'. “Todo este tipo de cuestiones de extrema derecha y fanatismo religioso han logrado colocar a muchos diputados de extrema derecha que son los que promueven este tipo de leyes”, recalca. “Hablamos de 19.000 niñas violadas por la promoción de una ley que criminaliza el aborto en todas sus expresiones, incluso el espontáneo. Llega a hablar de 30 años de prisión para el personal que quiera asistir al aborto”, señala.
Esto es algo que le preocupa. “Toda América Latina está avanzando. Chile ya habla de una constitución plurinacional, Colombia aprueba el aborto, pero Guatemala retrocede. Y es uno de los países más violentos y con un nivel de empobrecimiento que hoy sólo se supera por países africanos”, asegura. Hubo “fuertes” movilizaciones contra la ley, asegura, pero es una amenaza “latente”, a pesar de que el movimiento logró que retrocediese. “Es una amenaza latente, en cualquier momento pueden aprobarla y ejecutarla”.
Como defensora del territorio, realiza también defensa de los bosques, a través de un trabajo de reforestación, de sostenimiento, y de sensibilidad contra la minería. “Hemos acompañado resistencia contra una minera que es de capital ruso-ucraniano-suizo. Vemos que cuando se trata de negocios extractivos, no hay problemas entre los países”, afirma.
Una región “en llamas”
No es sólo Guatemala. “También es una realidad de El Salvador y de Nicaragua. Es responsable hablar de que es una región en llamas, literalmente, por las crisis humanitarias y los retrocesos que se está viviendo en la región”, afirma. Por eso, insiste en la importancia de poner al alumnado de España dentro de este contexto, para conocer realidades que a veces parecen muy lejanas. Ixchíu ha enfocado su activismo a través del arte y la comunicación, con festivales de intervención en el espacio público. “Es esto lo que queremos compartir con los más jóvenes, experiencias de defensa de los derechos humanos y el territorio desde la creatividad”, afirma.
Este trabajo pacífico, destaca, es el que la ha llevado a buscar asilo en España, por persecución y diversos atentados que le ha dejado varias secuelas físicas a ella y a sus compañeras y compañeros. Llegó el pasado 11 de julio. “Hemos vivido varios atentados, retenciones paramilitares. Durante el 2020 fui víctima de un atentado junto a mis dos hermanas y mi compañero; a mi hermana le fracturaron las costillas y a mí me dejaron una lesión también sólo por documentar la tala que estaban realizando en e el bosque comunal donde vivimos. El nivel de violencia ha ido creciendo desde 2014, con una serie de retenciones y casos de criminalización lo que muestra el deterioro de la situación democrática del país. Es lo que nos ha hecho salir de manera forzada”, afirma.
“Guatemala es el tercer país donde más defensores de derechos humanos se asesina, pero cuando se hace el análisis poblacional, yo diría que es el primero”, afirma.
Es sobre los cuerpos de las mujeres indígenas donde se produce el genocidio
“Racismo y paternalismo”
En Guatemala, más del 60% de la población es indígena, como Lucía. “Somos a quienes nos ha tocado vivir la huella del despojo, desde el cuerpo hasta el territorio. Es sobre los cuerpos de las mujeres indígenas donde se produce el genocidio, porque todavía nos situamos en el pensamiento colonial”, afirma.
“Estamos muy dolidos por la guerra en cualquier sitio. Para nosotros, el apoyo a los refugiados de todos los países debe ser igualitario, es fundamental. Lo que más nos ha dolido es que nos ha tocado encontrar racismo y paternalismo al buscar asilo, por parte de las entidades que trabajan con refugiados políticos. Es nuestra experiencia. Pero creemos que se debe acoger a todas las personas. Nos parece muy bien acoger a la ciudadanía ucraniana, pero el trato debe ser igualitario para todos los países”, advierte.
Además, explica que no hay “condiciones reales” para poder hablar de retorno a Guatemala. “Hay más de 13 jueces de justicia, funcionarios, exiliados en Washington, y más personas defensoras de derechos humanos que están exiliados en otros países. También, gente presa por hacer su trabajo pacífico y denunciar las injusticias que ocurren, como la Ley del odio, del terror contra las mujeres y la criminalización de nuestro derecho a decidir”, concluye.