El final anunciado del Centro de Investigación y Desarrollo para la Recuperación Ambiental (CIDRA) ubicado en Daimiel (Ciudad Real) y gestionado por Alquimia Soluciones Ambientales, ya no tiene vuelta atrás. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ya ha publicado la autorización para el desmantelamiento de estas instalaciones, un proyecto de recuperación ambiental y de tratamiento de residuos que ha sufrido varios percances y reveses en los últimos tiempos.
La historia de estas instalaciones se remonta a diciembre de 2011, cuando en plena crisis económica, la empresa anunció un ERE extintivo para más de una veintena de sus trabajadores. Justo al día siguiente, el 20 de diciembre de ese año, el edificio sufrió su primer incendio, con daños en parte de su estructura.
Dos años después y en esa misma fecha de diciembre, se produjo un nuevo incendio también con daños materiales pero no personales, precisamente un día después de que el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real anunciara la apertura del proceso de liquidación de la filial Cala Innovación, con sede en Huelva, y de que se convocara la reunión de la junta de acreedores en el proceso concursal de la propia Alquimia, iniciado anteriormente.
El CIDRA de Daimiel es un proyecto de recuperación ambiental y tratamiento de residuos en el que invirtieron emprendedores e investigadores castellano-manchegos, manteniendo numerosas colaboraciones con más de 20 universidades y centros públicos de investigación. Sin embargo, los recortes derivados de la crisis y la falta de normas legislativas para coordinar el reciclaje de residuos industriales provocaron que el ERE y la declaración de concurso voluntario de acreedores dieran al traste con su futuro en octubre de 2012.
Con la publicación hoy de su desmantelamiento se da vía libre a su final por parte de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Junta, que ya había decretado un cierre cautelar de las instalaciones y una suspensión temporal de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la empresa.
La actuación de la Consejería de Agricultura se produjo a instancias del Ayuntamiento de Daimiel debido a los inconvenientes que, según denunció, producían en los ciudadanos los olores emanados de las instalaciones, si bien en ningún momento se decretó informe ni medida que confirmara su toxicidad.