Las aprobaciones ‘in extremis’ del Gobierno en funciones de María Dolores de Cospedal no cesan, ni siquiera un día antes del debate de investidura que convertirá al socialista Emiliano García-Page en nuevo presidente de Castilla-La Mancha. El Diario Oficial (DOCM) publica hoy el polémico Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas (Cuenca) en el que se incluyen disposiciones relacionadas con el futuro cementerio nuclear, dando por hecho su ubicación en este municipio. El texto ha sido ratificado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca pese al ya inminente cambio de Gobierno.
El Ejecutivo saliente ha querido dar carácter oficial al expediente adoptado por esta Comisión de Urbanismo el pasado 19 de junio, ya estando en funciones. Un plan que se ha diseñado en función de la existencia del Almacén Temporal Centralizado (para residuos radioactivos). Entre otras cuestiones, el POM de Villar de Cañas prevé un importante crecimiento poblacional como consecuencia de la instalación del cementerio nuclear así como “la generación de gran actividad económica en torno a ellas”, de tal modo que el núcleo municipal pasaría de los 668 actuales a 1.824 habitantes. También se prevé reservar 49.000 metros cuadrados de zonas verdes, 21.000 para espacios libres y 2.000 destinados a equipamiento.
La luz verde definitiva se produce un día antes del debate de investidura que previsiblemente iniciará el cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha, que pasará a manos del PSOE en virtud del pacto con Podemos. Con ello, se sacará al PP de Cospedal, activa impulsora del ATC, del Gobierno de la comunidad autónoma.
Precisamente, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca se encuentra “tranquila” tras la aprobación del POM “porque el resto de trámites sigue igual y parece que va para largo”. Así lo manifestó la portavoz de la Plataforma, María Andrés, después de que el colectivo haya mantenido una reunión con representantes de PSOE y Podemos a nivel regional con el fin de “ponerle el cerrojazo definitivo” al proyecto.
Andrés ha explicado que la aprobación del POM es uno de los trámites “por los que se acelera -el proyecto- pero no tiene sentido mientras no avancen el resto de trámites”. Ha criticado que “muchos ayuntamientos han intentado que se aprueben sus planes urbanísticos y no hay manera y para esto sí había muchas prisas”. En este sentido, ha admitido que les hubiera gustado que no se hiciese“ porque, aunque ”desde el punto de vista técnico es correcto y legal, es antidemocrático e inmoral, ya que el de la Junta es un gobierno en funciones“.
Contra el acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo. También en el caso de las administraciones públicas, previamente a esa impugnación, podrán dirigir a la Consejería de Fomento requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.