Macrogranjas, una polémica que ha explotado tras años de protestas sociales

Largos diez días se ha estirado la polémica alrededor de una entrevista concedida por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al medio británico The Guardian. “La que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas”, explicaba el ministro, que las comparaba con la ganadería extensiva. Dirigentes políticos de distintos colores políticos, como el mismo Emiliano García-Page o el presidente del PP, Pablo Casado, pedían al ministro que se retractara de sus palabras, al considerar que se hacía “mala fama” del producto cárnico nacional. “El ministro debe rectificar. No se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior. Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad”, reclamaba Emiliano García-Page.

“Cogen un pueblo de la España despoblada, meten 4.000 cabeza de ganado allí, o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta... Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional”. Este es el extracto completo de la entrevista, publicado por el mismo Garzón.

El PP de Castilla-La Mancha ha aprovechado el bulo de las palabras del ministro de Consumo hasta tal punto, que este jueves traen a las Cortes de Castilla-La Mancha una moción para reprobar de manera institucional a Garzón y también pedir su cese. Esta misma semana, el 'popular' pedía una “voz única”, “contundente y rotunda” para rechazar la postura del ministro y exigir su “cese inmediato”. Así lo hizo precisamente antes de visitar una explotación ganadera, en Toledo. “España no puede permitirse ni un minuto más que sea ministro”, recalcó.

El PSOE votará en contra, tal y como confirmó la consejera portavoz, Blanca Fernández. Los socialistas tienen mayoría absoluta, por lo que la iniciativa no saldrá adelante. Pero desde Ciudadanos han señalado que sí votarán para reprobar a Garzón. La líder del partido en la región, Carmen Picazo, ha señalado que “es incomprensible que Garzón siga en su puesto cobrando un sueldo público después de haber dicho que la carne española es de mala calidad”. “Si de verdad el Partido Socialista quiere proteger de verdad al sector, Sánchez debe destituir hoy mismo a Garzón y cerrar este ministerio que solo sirve para atacar a los españoles que se dedican a trabajar de manera honrada”, recalcó este miércoles.

Protesta ciudadana contra las macrogranjas

Este jueves no sólo se vota la moción de los 'populares', sino también una moratoria hasta 2024 para frenar temporalmente la instalación de nuevas macrogranjas en la región, que se incluye dentro de la conocida como la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. Así lo recordó la portavoz regional, quien resaltó que se trata de poner “orden” en el sector para garantizar su sostenibilidad. “No queremos demonizarlas”, afirmó, que es un argumento político esgrimido por otros miembros del Gobierno. El anuncio de la moratoria se hizo a principios de diciembre del año pasado, y con un carácter “inmediato”.

No es la primera vez que las macrogranjas se debaten en las Cortes regionales. De hecho, en 2019, y cuando acababa ya la pasada legislatura del Gobierno en conjunto con Podemos, tanto PP como PSOE votaron en contra de una moratoria de estas características. Fue Podemos, apoyado por la plataforma ciudadana Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha, el grupo que presentó una Proposición No de Ley para poner en marcha una moratoria hasta que se ejecutase un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva; la formación pedía también que se sometiese a una Evaluación Ambiental Estratégica que valore “de forma detallada y rigurosa” el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha.

Pocos días antes de ese pleno, un millar de ciudadanos de distintos pueblos de la región se concentraron en Toledo para pedir, justamente, una moratoria. Durante la convocatoria de Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha se pedía no “hipotecar el futuro desarrollo de nuestros pueblos a un sistema productivo” que, afirmaban, estaba “siendo cuestionado y rechazado por los ciudadanos en los países más desarrollados de la Unión Europea”.

La portavoz regional, Blanca Fernández, recordaba esta semana lo que se viene viendo desde hace años en la región: que la instalación de macrogranjas en los pueblos de la “España despoblada”, como dice Garzón, no las quieren. Hay un conflicto social extendido por toda la región y el país al respecto. Y aunque el movimiento ciudadano ha pedido reiteradas veces una moratoria, tampoco están del todo satisfechos con el anuncio de la moratoria. Este es el caso de Pueblos Vivos Cuenca que, aunque se han mostrado satisfechos por lo que llamaron “cambio de actitud” de la Junta, también han querido mostrar “cautela y prudencia”, y esperan que no fuese solo una “medida electoralista”.

Además, criticaban que la medida no era suficiente y exigían que la moratoria tuviese un carácter retroactivo. “Nosotros reivindicamos, exigimos y reclamamos que se frenen todos los proyectos que hay sobre la mesa, incluidos los que están en marcha”, exigía Inma Lozano, portavoz del movimiento contra la ganadería intensiva en la región. También han criticado en redes sociales que la moratoria sólo hace referencia a las granjas de porcino

El sector ganadero se movilizará contra la moratoria

ASAJA y el sector porcino de la región han anunciado “movilizaciones inmediatas”, recursos ante los tribunales y una campaña para contar “la verdad” si sale adelante mañana la moratoria contra las macrogranjas que se debatirá en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y que en la práctica supone la paralización de los nuevos proyectos que se presenten en la región para este tipo de instalaciones.

Para el sector, la moratoria “prevé tratar de acabar con la ganadería en Castilla-La Mancha, nos deja sin posibilidad de desarrollo, nos transmite una inseguridad jurídica terrible, significa que no se quiere apostar por el reciclado de los recursos, y por la economía circular”. ASAJA ha señalado que no se trata de un ataque al sector porcino, sino a todo el sistema productivo. “Sin este sistema estamos abocados de ser un país dependiente del subsidio”, concluían.