Diferentes plataformas contra las macrogranjas en la región se han reunido este jueves en Albacete para valorar el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que comprometía la semana pasada una “moratoria con rango de ley” que impida la instalación de nuevos proyectos de ganadería industrial mientras no se clarifique la normativa nacional al respecto.
El anuncio les parece insuficiente. “Nosotros reivindicamos, exigimos y reclamamos que se frenen todos los proyectos que hay sobre la mesa, incluidos los que están en marcha”, ha comentado Inma Lozano, portavoz de Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas, ya que como aclarase García-Page, la moratoria no afectaría a los expedientes que ya están en tramitación.
“Valoramos positivamente este cambio de actitud, ya que han sido prácticamente cinco años de lucha incesante por nuestra parte. Desde que el Gobierno de Castilla-La Mancha catalogase al porcino como sector estratégico, hemos vivido un boom de proyectos de ganadería industrial sobre todo en Albacete y en Cuenca”, afirma Inma Lozano.
Desde las plataformas indican que después de tantos años de lucha se les escucha, pero se muestran cautelosas y prudentes ante la noticia. No “queremos que sea una artimaña electoral”. En 2019 se presentó una Proposición No de Ley (PNL) a través del Grupo Parlamentario Podemos, pero PSOE y PP votaron en contra y la cuestión quedó en el aire.
“Nos preocupa que no tenga carácter retroactivo. El presidente de la región anunció que solo iba a afectar a los nuevos expedientes, pero es que con eso no soluciona nada. Si a día de hoy se aprobasen todos, el sector conseguiría cerca de 200.000 mil cabezas más y no podemos soportar esa carga ganadera. Tenemos muchos pueblos afectados y no serviría de nada esa moratoria”, explica contundente Inma Lozano.
Una solicitud clara hacia el Gobierno regional, para que esa moratoria tenga carácter retroactivo y se frene todo lo que esta todavía en periodo de estudio medioambiental o que tiene la modificación en espera de la licencia: desde Stop Macrogranjas piden garantías a corto plazo y que se les escuche porque llevan años reclamando citas con desarrollo sostenible, en vano. “Por fin se nos va a escucha a los ciudadanos que somos los que estamos sufriendo los efectos de este tipo de ganaderías industriales. No solo lo sufre el medio ambiente, sino la economía de la zona, con pérdida de calidad de vida o las afecciones a la salud. Al final la gente se acaba yendo y abandonando los pueblos. Se nos llenan de cerdos y también de carteles de ‘Se Vende’”, añade la portavoz de la región.
Natividad Pérez, alcaldesa socialista de Balsa de Ves, en Albacete, ha mostrado en sus palabras la experiencia de un municipio donde se llevan desarrollando estas prácticas durante años. “Una defensa por la gente que vive en el medio rural con la dignidad que nos da el campo y sus tierras. Apoyo a estas plataformas porque de ganadería no tienen nada, solo el nombre. Esto son industrias altamente contaminantes que afectan al agua, el aire y la tierra que produce los alimentos”, dice.
En este sentido, la alcaldesa ha querido felicitar a todas las plataformas de la región por “la lucha incansable de dar voz a todos y todas las vecinas”. Por eso valora la moratoria como el fruto del trabajo de mucha gente que de manera altruista defiende su territorio y a sus ciudadanos. Un orgullo que a base de reivindicaciones “hemos pasado a un proyecto concreto y activo de cambio social, eso es importante. Nuestros pueblos tienen posibilidades y futuro”, añadía.
Participar en la redacción del texto legislativo
Las plataformas vecinales quieren participar en la redacción del texto para que se controle y sancione todo aquello que no se cumpla. Además, piden refuerzo en la inspección y en las sanciones. Todo ello, por los vertidos incontrolados, duplicidad en las parcelas de los planes de gestión de purines, aumentos en la capacidad de las explotaciones por encima de lo acordado o como a través del sistema de modificaciones no sustanciales de corrección de errores se aprueban sin control.
En conclusión, las plataformas exigen que se defina y se ejecute un plan estratégico de ganadería intensiva que deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica. Además, de que se valore de “forma detallada y rigurosa” el impacto medioambiental acumulado. “No sirve de nada que se valore una granja aislada, hay que valorar el impacto acumulado que supone para el territorio el consumo de agua o la gestión de purines. Estos purines nos los venden como abono y hay que tener muchas características en cuenta para que sirvan como fertilizantes. También, hay que estudiar cómo afecta a la ganadería extensiva de toda la vida que sí que crea trabajo en una red de ciudadanos que se dedican a ello en sus pueblos. Los ganaderos de nuestros pueblos nos cuentan que las ovejas rechazan los barbechos donde hay purines”, concluye Inma Lozano.
En este sentido, destacan que hay muchos municipios de Castilla- La Mancha que no tienen agua potable debido “a las malas prácticas agrícolas y ganaderas que se vienen acumulando”. Además, exigen que se pongan de acuerdo desde el Ministerio y la Junta en el número de cabezas que existen y el número de explotaciones porque no se sabe cuántas hay realmente.
La voz de todos los vecinos y vecinas de los pueblos que luchan en contra de la ganadería industrial se ha trasladado hoy en una rueda de prensa a través de Inma Lozano, portavoz de Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas; Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves (Albacete); Remedios Bobillo, presidenta de las Asociación Pueblos Vivos de Cuenca; Paciencia Talaya, presidenta de la Asociación Quintaverde Pueblo Vivo de Quintanar del Rey (Cuenca) y Amparo Cuenca, portavoz de la Plataforma Rural por Cenizate, en Albacete.