Pequeños municipios, casi todos afectados por la despoblación, y ubicados en zonas deprimidas de Castilla-La Mancha se han convertido en objetivo de empresas cárnicas para ubicar en ellos explotaciones porcinas intensivas ya sea para cría o engorde. Las macrogranjas, como se las conoce, han aterrizado (o lo han intentado) a lo largo de este 2017 en la región y lo han hecho con fuerza, especialmente en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo, donde desde hace meses los casos de solicitudes para instalarse han proliferado.
Los datos hablan por sí solos, sólo en la provincia de Cuenca, en apenas 18 meses, se contabilizan, según Ecologistas en Acción y el colectivo Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, más de una treintena de solicitudes de empresas que quieren abrir en alguno de sus pequeños municipios una macrogranja. Los casos más mediáticos y destacados, por la oposición vecinal y de colectivos contrarios a su instalación, son Priego, donde las dos macrogranjas porcinas proyectadas consumirían tanta agua como todos los vecinos del municipio en un año, es decir, hasta 43 millones de litros, y producirían casi 29 millones de litros de purines cada año. Priego no es el único caso, también pueblos como Cañete, Pozorrubielos y Almendros están a la espera de albergar una instalación de este tipo.
En la provincia de Guadalajara la situación se repite. Aquí se conocen hasta cuatro intentos, en apenas unos meses, para albergar una macrogranja. Primero fue en Riofrío del Llano, luego en Querencia, una pedanía de Sigüenza y también en el entorno de Brihuega. El último caso conocido es el de Cincovillas, un pequeño municipio de tan solo 23 habitantes donde ya existe una explotación a unos 140 metros del casco urbano con unos 2.000 ejemplares. La particularidad es que es el hijo de la alcaldesa del PP, Carmen Martín, quien quiere poner en marcha la instalación para 3.000 cerdos. Antes lo intentó en Riofrío del Llano sin éxito.
En Toledo el caso más conocido ha sido el de Gamonal, una pedanía de Talavera de la Reina, donde una empresa intentó instalar dos macrogranjas intensivas, con 7.200 cerdos cada una. La última provincia en incorporarse al mapa de las macrogranjas de la región ha sido Albacete donde a lo largo de este 2017 se ha conocido de la intención de empresas cárnicas de instalar este tipo de granjas en al menos tres municipios: Montealegre del Castillo, la ciudad de Albacete y El Pozuelo.
El origen de que vean en Castilla-La Mancha el lugar donde instalarse es, según Dani González de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos de Cuenca, el dinero. Y es que estas instalaciones llegan atraídas pora las subvenciones económicas que, por primera vez, presta la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural a esta ganadería intensiva. La ayuda es del 65% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por puesto de trabajo. A esto se unen otros 27.000 euros si la inversión lleva asociada un expediente de incorporación de joven agricultor.
Oposición ciudadana que ha conseguido “tumbar” algunos de los proyectos
A lo largo de estos meses ha sido el movimiento vecinal y de colectivos ecologistas los que han sacado a la luz pública la proyección de las macrogranjas en los municipios afectados. Ante la llegada inminente y casi “masiva” de estas instalaciones para cría y engorde de cerdos, los vecinos se han echado a las calles clamando a los cuatro vientos su negativa a vivir a excasos kilómetros de las granjas, aguantando los olores y consintiendo la contaminación de su entorno por los purines. Tanto así que han conseguido paralizar algunas instalaciones. Es el caso de Torrejoncillo del Rey, en la provincia de Cuenca, donde se proyectó una explotación porcina con 2.000 cerdos de engorde que incluía una balsa con capacidad para tres millones de litros de purines “a escasos 200 metros” de la antigua mina romana Lapis Specularis de la que se extraía el mineral que los romanos usaban como vidrio y que está en pleno proceso de recuperación, según Ecologistas en Acción Cuenca. Torrejoncillo del Rey cumple el patrón que atrae a los empresarios que quieren instalar granjas de este tipo: una población pequeña de poco más de 400 habitantes. Pero la contestación vecinal, con la ayuda de Ecologistas en Acción, ha conseguido paralizar el proyecto que tiraría al traste con la llegada de visitas que recibe el pueblo desde que se abriese al público la antigua mina.
Gamonal se ha convertido a lo largo de estos meses en un ejemplo de lucha. Semanas de concentraciones, recogida de firmas, creación de un colectivo específico y hasta un vídeo al ritmo de la canción del verano les procuraron que el Ayuntamiento de Talavera se sumara a ellos y consiguiera que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha archivara el expediente sobre la instalación de las macrogranjas de porcino que se ubicarían concretamente a dos kilómetros y 900 metros del centro urbano de la pedanía. En este caso, las alegaciones en contra sumaban, además de esta cercanía a las viviendas de los vecinos y el problema de olores, que sendas construcciones se instalarían sobre un acuífero del que se extraen 11,1 hm3 al año para abastecimiento de hasta 77 municipios con una población de 139.300 personas. O la ubicación sobre un lugar de importancia para las aves (IBA) denominada 'Embalses de Rosarito y Navalcán-La Iglesuela (Valle del Tiétar)' además de situarse a menos de medio kilómetro de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de las Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas. Además, la explotación se ubicaría sobre una zona incluida en la Carta Arqueológica de Talavera de la Reina de 2007 y catalogada como 'Ámbito de Protección' y necesitaría, al menos, de un suministro de agua de 28.777 m3 /año.
El último caso conocido en la región en la que las protestas vecinales han servido de parapeto es Montealegra del Castillo, en Albacete. Éste es particularmente llamativo porque traspasó las fronteras autonómicas. Tras semanas de manifestaciones la empresa ganadera Cefusa, integrada en el Grupo Fuertes, holding empresarial de la marca El Pozo, “desistía” de su proyecto en Montealegre del Castillo, Albacete. El motivo, según un comunicado de la propia empresa, fue la oposición con la que se encontraron. Oposición que llegaba también desde la región de Murcia ya que la granja estaba proyectada muy cerca del Monte Arabí, un paraje natural de Yecla, pueblo murciano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hasta el Cerro de los Santos, uno de los principales yacimientos íberos de la península y que está localizado en Montealegre del Castillo, ya en la provincia de Albacete. Las instalaciones previstas iban a abarcar unas 10 hectáreas de terreno, con más de 30.000 metros cuadrados de nueva construcción y ocho grandes balsas de decantación y secadero de purines, en un entorno de cultivos de secan
Los ayuntamientos se “blindan” para impedir su instalación
Ante la proliferación de peticiones que se hacen para la instalación de macrogranjas, hay ayuntamientos que han empezado a tomar medidas para “blindarse” e impedir así que finalmente se instalen. Si bien es cierto que la última palabra es de los consistorios, porque son estas administraciones municipales las que tienen que dar los permisos de obra y actividad, a nivel ambiental no tienen ninguna competencia. Es, en este caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha, concretamente la Consejería de Agricultura, desde donde se decide si el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales para otorgarle la Declaración de Impacto Ambiental positiva (DIA) que solo es necesaria si la instalación supera las 2.000 cabezas de porcino.
¿Cómo pueden luchar los ayuntamientos si no quieren una macrogranja en su término municipal? Tiene varias opciones, a través del Plan de Ordenación Municipal, que regula las construcciones y, por consiguiente, los permisos de obra, y con ordenanzas específicas en cuestiones como vertidos de residuos o de construcción (para poner límites de naves ganaderas). Es por ello que son varios los consistorios que se están apresurando a modificar sus ordenanzas que le sirven de escudo a la hora de que quieran instalarse allí.
A lo largo de estos meses se han visto ejemplos de consistorios que se han unido a sus ciudadanos en la lucha contra las macrogranjas en sus términos muncipales. Un ejemplo es Talavera de la Reina, donde el alcalde de la localidad, se apresuró a modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM), por lo que el procedimiento para emitir el informe ambiental sobre su viabilidad quedó suspendido. Sólo hay un inconveniente, que estas modificaciones, tal y como advierte Daniel González, de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, es que deben hacerse antes de que la Junta haya emitido la DIA ya que, si lo hacen después, “se les puede acusar de prevaricación”.
Algo similar están haciendo en municipios como Villanueva de la Jara en Cuenca. En este caso la macrogranja no va proyectada en su término municipal sino en el vecino, Pozorrubielos. Aún así el consistorio, gobernado por el PP, está cambiando el POM y va a crear ordenanzas para impedir, en la medida que pueda, que cientos de cerdos estén a pocos kilómetros de la localidad.
Hace apenas unas semanas el Ayuntamiento de Albacete, la capital con más habitantes de toda la región, emitía un informe desfavorable a la instalación porcina proyectada en el propio término municipal alegando cuestiones ambientales, urbanísticas y jurídicas. Aunque cada vez son más los alcaldes y alcaldesas que no quieren tenerlas en su territorio, lo cierto es que, en la mayoría de casos, las reivindicaciones vecinales chocan con el beneplácito que dan los ayuntamientos a estos negocios.
Contaminación y un gasto elevado de agua que se traduce en un par de puestos de trabajo
El principal alegato en contra de los colectivos ecologistas cuando se habla de macrogranjas es la contaminación que suponen los purines que en muchos de los casos se vertirían al suelo, en cantidades ingentes, provocando una filtración al subsuelo, a los acuíferos, contaminando el agua y la tierra. No es el único efecto adverso que ven en ellas: el otro es la necesidad de agua que requieren las instalaciones para poder trabajar y que en una región como Castilla-La Mancha, donde los efectos de la sequía son evidentes y donde hay restricciones para riego, tendría unas consecuencias importantes.
Por otro lado está el argumento de la contratación que este tiempo se ha utilizado desde la Junta. De hecho, Joaquin Cuadrado, director provincial de Agricultura en Cuenca, ha asegurado “son una oportunidad para que la gente se incorpore a la actividad agraria” y explica que “no tienen por qué tener ningún problema”. Asegura que estas explotaciones crean empleo “y al integrarse con Incarlopsa -empresa con sede en Tarancón- están cerrando el ciclo de producción”. Reconoce que el “único problema” que tienen estas granjas son los purines. “Exigimos un plan de los residuos ganaderos y les aconsejamos que en época veraniega no esperen los tres meses que permite la ley para vaciar la balsa de purines y evitar malos olores”. Tampoco ve un problema en el agua. “Necesitan menos que el regadío. No es un problema limitante”.
El mismo argumento esgrimen desde CEOE Cepyme Cuenca que pedía este pasado mes de septiembre que no se impida la instalación de estas granjas en la provincia. Lo hace sosteniendo la creación de empleo y la ubicación de importantes empresas de este sector, como Incarlopsa.
Una plataforma regional para luchar juntos
Con lo sucedido estos últimos meses han sido muchos los vecinos que han creado su propio colectivo para poner freno a la llegada de estas instalaciones. Es el ejemplo de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, en Cuenca, o la plataforma vecinal en Riofrío del Llano en Guadalajara, a las que se suman Salvemos el Arabí de Montealegre del Castillo y Yecla (Murcia) y la plataforma vecinal de Gamonal. Ahora quieren dar un paso más y crear una plataforma regional que aúne a todos los colectivos contrarios a la instalación de macrogranjas en el territorio autonómico.
La Plataforma regional, que llevará por nombre 'CLM Stop Macrogranjas', es una realidad y será presentada a la sociedad castellano-manchega en apenas unos días. “Seguimos recabando apoyos de colectivos de toda la región para que se sumen a nuestro manifiesto”, explica Daniel González. Hasta el momento se han sumado a la iniciativa grupos de consumo de Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete, además de colectivos como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, etc.
Su objetivo a corto plazo es “hacer presión” al Gobierno de Castilla-La Mancha precisamente ahora que es cuando tienen que salir las ayudas a las que acceden este tipo de instalaciones y que les sirven de reclamo para instalarse en la región